La pandemia de Covid-19 que viene golpeando con dureza a la Argentina y a todo el mundo desde 2020 no solo se ha llevado la vida de más de tres
millones de personas, sino que además ha hecho aún más pobres a personas que ya eran pobres.

Esta situación la hemos vivido y sufrido especialmente todos aquellos que trabajamos todos los días en los centros comunitarios de las barriadas populares de nuestro país, intentando que le llegue un plato de comida a cada familia.

Sin embargo, la expansión de los contagios y del hambre no fueron las únicas secuelas que va dejando el Covid-19. La inevitable situación de encierro a la que nos fue obligando el virus trajo consigo otra pandemia: la violencia por motivos de género.

Frente a esta situación, la labor de los promotores y las promotoras territoriales de género ha sido fundamental. Codo a codo con los trabajadores y las trabajadoras de los comedores, los promotores y las promotoras les hicieron frente a este encierro y al consiguiente recrudecimiento de la violencia
machista, mejorando cotidianamente el sistema de atención y asistencia a las personas más vulnerables ante esta situación.

Quiero decir que este feminismo popular fue sentando sus bases en los barrios mucho antes de la pandemia, recreando la pedagogía de la solidaridad y la cooperación.

Es un feminismo que lucha desde abajo contra todas las formas de injusticia y opresión, y no solo contra el patriarcado. Frente a la diversidad que existe en las barriadas, poder organizarnos nos ha permitido problematizar nuestras vivencias y desigualdades.

Y es que el feminismo popular implica debatir sobre esas desigualdades de géneros, pero también significa no perder nunca de vista el entrecruzamiento de desigualdades sociales, como las de raza, clase, edad, identidad o religión.

En mi labor en los centros comunitarios las situaciones de violencia machista se multiplican. Todos los días nos vamos enterando de nuevas historias, siempre desgarradoras, en las que personas que deben hacerse cargo de sus familias sufren ataques físicos y verbales, en la mayoría de los casos de sus propias parejas.

En esas situaciones, nuestro rol es articular espacios de encuentro, de confianza e intercambio. Allí debatimos cómo lograr reapropiarnos de nuestros derechos, cuestionando las estructuras institucionales y tradicionales.

También organizamos nuevas prácticas políticas como las intervenciones callejeras artísticas, las territoriales comunitarias, espacios horizontales de debate y organización, el cambio en el lenguaje y la utilización de nuestros cuerpos para transmitir mensajes.

Intentamos poner en cuestión los mandatos, modelos y costumbres que heredamos y que van pasando de generación en generación.
Es importante entender, además, que sin ese intercambio y la articulación con el Estado sería imposible la transformación social que queremos lograr.

A su vez, se hace indispensable un apoyo concreto hacia todas aquellas mujeres que trabajan para erradicar este tipo de violencia.

Es por eso que desde Somos/Barrios de Pie estamos impulsando la Ley Nacional Bety Quispe por el reconocimiento institucional y económico de los promotores y las promotoras territoriales de género y diversidad.

Este proyecto de ley homenajea la tarea y el legado de la compañera Bety, en representación de miles de militantes sociales que luchan a diario para erradicar la violencia machista.

Y que reconoce las capacitaciones adquiridas y saberes previos de los promotores y las promotoras, para buscar mejorar el sistema de atención y asistencia a las personas en situación de violencia de género.

De este modo, construiremos entre todos y todas y desde el hacer, barrios libres de violencias.

(*) - Norma Morales es secretaria Adjunta de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y dirigente nacional de SOMOS/Barrio de Pie.