La Cámara Federal de Casación confirmó a los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi en el expediente en el que se investiga el espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos. El máximo tribunal penal ratificó el rechazo a sendas recusaciones presentadas contra los jueces por presunto “prejuzgamiento” que habían presentado  el Colegio Público de Abogados de la Capital, a través de su presidente, Eduardo Awad, y los abogados querellantes  Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco.

Los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Javier Carbajo desestimaron el intento de los recusantes para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia porque sus planteos “constituyen una reedición de aquellos planteados en la presentación que motivó la resolución”.

“Las cuestiones federales invocadas se traducen en meros juicios discrepantes con el criterio expuesto en la sentencia objetada”, añade el fallo. “Los recurrentes no han cumplido con el requisito de refutar todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales invocadas”, añadió el rechazo.

“Tampoco ha logrado demostrar que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales referidas y lo debatido y resuelto en el caso, ni que la decisión impugnada sea contraria al derecho invocado por los apelantes con fundamento en aquéllas”, resumió.

Para el fallo mayoritario, “no es posible habilitar la intervención del Máximo Tribunal en base a la doctrina de la arbitrariedad alegada, por cuanto, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual no han acreditado en este caso”.

Llorens y Bertuzzi habían rechazado ellos mismos las recusaciones y el tercer integrante del tribunal, Eduardo Farah, los avaló. Ahora, la Casación fortificó esa decisión, por lo que sólo resta un eventual recurso de “queja” ante la Corte Suprema.

La tercera integrante del tribunal de Casación, Ángela Ledesma, se había inclinado por habilitar la instancia de la Corte, al entender que los abogados “han cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario” para una última revisión.