Confirman los procesamientos de más policías de la Ciudad por el crimen de Lucas González
Están acusados por encubrimiento. Según la Cámara del Crimen, existió una decisión “mancomunada de poner en marcha el encubrimiento”.
La Cámara del Crimen confirmó los procesamientos con prisión preventiva de los policías de la Ciudad que integraron la segunda tanda de detenidos por el crimen del joven futbolista de Barracas Central Lucas González, acusados por encubrimiento agravado.
Se trata de los policías Ramón Jesús Chocobar, Sebastián Jorge Baidón, Daniel Rubén Espinosa, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos, Rodolfo Alejandro Ozán y Daniel Alberto Santana.
“Es un elemento fáctico indiscutible que la noticia y conocimiento de lo realmente acaecido había recorrido ya todos los estamentos involucrados de la jerarquía policial, desde los efectivos de menor jerarquía inmediatamente presentes en el lugar hasta los jefes que participaron”, sostuvo la Cámara.
“Tampoco ha logrado refutarse que estos últimos de inmediato se resolvieron por el encubrimiento”, añadieron los jueces Alberto Seijas, Ignacio Rodríguez Varela y Hernán López.
Según el fallo, de 17 páginas, “Baidón, Chocobar, Martínez, Arévalos, Espinosa, Ozán y Santana actuaron en forma mancomunada, junto a sus colegas ya procesados, para darle apariencia de legalidad al accionar de los preventores involucrados en el luctuoso hecho precedente”.
El fallo evaluó el contenido de conversaciones telefónicas recuperadas de los celulares secuestrados a los uniformados que muestran, según los jueces, una decisión “mancomunada de poner en marcha el encubrimiento”.
“Otro indicio general que no debe perderse de vista es el tiempo que los jefes y subordinados de la Policía de la Ciudad involucrados en la maniobra dejaron transcurrir para concretar las consultas con la Fiscalía y el Juzgado de turno correspondiente, así como en dar debida intervención a las fuerzas federales como se les encomendara”, mensuraron.
“Tales circunstancias –abunda el fallo- guardan adecuada relación lógica con el intento presuroso y generalizado de hacer pasar por legítima la agresión a los menores y evitar sus consecuencias”.
Para el tribunal, “las máximas autoridades intervinientes y los oficiales que los secundaban eran consciente que no se hallaban ante un enfrentamiento armado, pues las comunicaciones transcriptas lo descartan rotundamente y exhiben el convencimiento internalizado de los interlocutores en que ese planteo no se compadecía con la verdad de los hechos”.