La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la orden de condenar a un juez de la dictadura como integrante de una asociación ilícita que secuestró y desapareció a perseguidos políticos entre 1976 y 1983.

La condena, una de las primeras que se proyecta sobre un juez designado por el régimen que encabezó Jorge Rafael Videla, establece que el ex juez federal riojano Roberto Catalán supo de las torturas a presos políticos y no atendió a sus reclamos.

Más aún, sobrevivientes denunciaron que incluso estuvo presente durante los interrogatorios.

La Sala Segunda del máximo tribunal penal rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Catalán contra el fallo que amplió las imputaciones en su contra, de simple encubridor a miembro de una organización delictiva.

El fallo ratifica que Catalán debe ser condenado como “autor de las privaciones de libertad, tormentos y homicidios cometidas en La Rioja durante la última dictadura cívico militar”.

Los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci declararon “inadmisible” el intento del ex juez, a través de su abogado, Juan Carlos Pagotto, de llegar hasta la Corte para reclamar contra el fallo que amplió la acusación en su contra.

El planteo también fue rechazado por el fiscal general, Javier De Luca; la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja, el Ministerio de Justicia y la Asociación de Ex Presos Políticos de La Rioja.

La decisión implica que el tribunal oral federal riojano deberá dictar un nuevo fallo contra Catalán como partícipe de “homicidio calificado en perjuicio de Adán Roberto Díaz Romero; imposición de tormentos agravada, en perjuicio de Ana Silvia Aldana, Jorge Raúl Machicote, Felipe Leandro Dávila, Domingo Antolín Bordón, Jacinto Alejandro Ocampo, Absalón Fuentes Oro y Carlos Alberto Illanes”.

Esos delitos fueron cometidos –según el fallo- como miembro de una asociación ilícita.

Catalán fue responsabilizado por “los innumerables procedimientos irregulares e ilegales que convalidó, la colaboración que prestó en la sustanciación de los procedimientos, la desatención que le daba a las gravísimas denuncias sobre imposición de tormentos que le brindaban las propias víctimas, el permiso que le otorgó a funcionarios de las fuerzas de seguridad que actuaron como ‘auxiliares de justicia’, la situación de que la mayoría de los testigos que declararon lo ubican en el momento y en el lugar de los hechos, que sabía de los tormentos que recibían”.

Además, “supo de la detención ilegal y posterior desaparición de la que fue víctima Díaz Romero y demás actos concretos, que se encaminaban a otorgar una cobertura de legalidad y garantía de impunidad”.