La Cámara Federal de La Plata confirmó los sobreseimientos y faltas de mérito para el grupo de iraníes y venezolanos que el año pasado llegaron a la Argentina en una supuesta misión comercial y levantó las medidas cautelares que pesaban sobre el avión de la estatal venezolana Emtrasur.

La aeronave, no obstante, todavía no puede regresar a Venezuela, puesto que persiste un pedido de un tribunal estadounidense para su decomiso, lo que tramita en la Argentina mediante una “rogatoria” (pedido de la Justicia extranjera).

La Cámara, con las firmas de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, “confirmó el levantamiento de la medida cautelar que pesaba sobre la aeronave cuya devolución se solicita”.

Pero el tribunal, además, en una decena de fallos, dispuso “necesariamente-la actual perdida de competencia por parte del juez de primera instancia (el federal de Lomas de Zamora Federico Villena) para continuar interviniendo en los sucesivos planteos vinculados a dicha aeronave”.

La situación del avión propiedad de la empresa venezolana pero reclamado en decomiso por Estados Unidos por una legislación interna antiterrorista parece ahora acotada a un estrecho margen de maniobra judicial y, fundamentalmente, a una decisión política.

El avión es reclamado en devolución por Emtrasur, representada en la Argentina por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro.

La Cámara rechazó, por otra parte, el reclamo de la abogada Mariana Barbitta –defensora de Albert  Ginez Pérez, Ángel Marin Ovalles, Armando Marcano Estredo, Cornelio Trujillo Candor, Jesús Landaeta Oraa, José García Contreras, José Ramírez Martínez, Mario Arraga Urdaneta, Nelson Coello, Ricardo Rendon Oropeza, Vicente Raga Tenias, Víctor Pérez Gómez, Zeus Rojas Velásquez y Victoria Valdiviezo Marval- para que se declare la nulidad de toda la causa.

La abogada había pedido la nulidad de “la denuncia inicial, el auto que acepta a la DAIA como parte querellante, el que dispone los allanamientos, el requerimiento fiscal de instrucción” y además reclamó “la inconstitucionalidad de las medidas cautelares dispuestas” sobre las personas y la aeronave.

El tribunal sostuvo que la investigación permanece vigente respecto de los venezolanos  Arraga Urdaneta y Pérez Gómez, quienes están con falta de mérito en la causa.

Distinta es la situación de los iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, Mohammad Khosraviaragh, Saeid Vali Zadeh y Mahdi Mouseli, aún bajo investigación, quienes plantearon una “falta de acción y solicitaron sus sobreseimientos”.

“La lectura del expediente principal revela que tanto Gholamreza Ghasemi como Abdolbaset Mohammadi y Saeid Vali Zadeh han sido indagados en base a una imputación concreta de relevancia penal y que la resolución de su situación procesal se encuentra en estado expectante, a la espera del resultado de algunas medidas de prueba ya producidas”, sostiene la resolución.

“En la causa no se investiga un simple vuelo comercial de una aerolínea de bandera venezolana, como afirma la defensa, sino que lo que se busca verificar es que bajo la simulación de un vuelo de tales características se estén cometiendo acciones vinculadas a un armado terrorista”, añadieron, al mantener abierta la investigación respecto de los iraníes.