Un tribunal oral federal condenó a dos ex funcionarios que en 2004 cometieron delitos de “peculado” y “negociaciones incompatibles con la función pública” en la Secretaría de Cultura, por entonces a cargo de Torcuato Di Tella, durante el gobierno de Néstor Kirchner. El juez Ricardo Basílico, del tribunal número uno, dispuso las condenas contra Claudia Elizabeth Chavero,  ex directora de Gestión Administrativa, y Miguel Eduardo Zorraquín, ex asesor directo del Secretario.

A Chavero se le imputó “haber extraído dinero de la caja chica o fondo rotativo, simulando que era usado para abonar los contratos surgidos de los expedientes de contratación de las firmas Arion Consultoría Estratégica S. A. y San Telmo Appart & Rent (S. T. A. R.) S. A., los que simultáneamente se abonaron por el sistema de alta de proveedores”.

Por su parte, a Zorraquín se le reprochó “haber realizado actos incompatibles con su función de asesor,  en tanto contrató los servicios de la firma S. T. A. R. S. A., presidida por él mismo”. La causa se inició en 2006, por denuncia de la Oficina Anticorrupción. Los pagos presuntamente irregulares investigados treparon a 88.700 pesos en el caso de Arion S. A. y de 81 mil pesos, en el de S. T. A. R. S. A..

“La empresa S. T. A. R. S. A. se presentó en la Secretaría de Cultura de la Nación, con el objeto de ‘ofrecer la realización de los manuales de procedimientos administrativos, la preparación de registros patrimoniales de bienes, y la organización de todas las tareas inherentes a aquellas actividades”.

En tanto,  Arion Consultoría Estratégica S. A. –la empresa de Zorraquín-  fue autocontratada “con el objeto de que realizara un relevamiento de todos los museos y organismos desconcentrados en la jurisdicción del organismo”.

El proceso demoró, en total, 15 años y se resolvió mediante un juicio abreviado, un mecanismo mediante el cual los acusados admiten su responsabilidad a cambio de una condena menor a la que podría corresponderles en un juicio normal. El juicio abreviado está pensado, y es utilizado, para acelerar los tiempos judiciales.