Con la presencia de funcionarios y especialistas legales y financieros provenientes de Europa y Latinoamérica, diputados nacionales de siete bloques avanzaron con el debate del proyecto de ley que tiene como objetivo restituir a la ciudadanía los bienes de origen ilícito incautados por la Justicia a organizaciones delictivas.

La iniciativa es reconocida por la comunidad jurídica internacional como una de las herramientas esenciales para luchar contra las organizaciones delictivas y recuperar sus bienes con un fin de uso social.

En caso de convertirse en ley, la Argentina será el segundo país en alcanzar dicho hito, luego de Italia, nación que logró recaudar más de 4 billones de euros desde la creación de una Agencia Nacional de Recuperación de Bienes.

Algunos de los bienes incautados por la Justicia son propiedades, embarcaciones, aeronaves, automóviles, campos y activos que las organizaciones criminales acumulan.

La norma plantea la creación de una Agencia integrada por los tres poderes del Estado y un representante de las organizaciones de la sociedad civil.

Este proyecto viene a reemplazar la vieja ley N° 20.785 del año 1974, que autoriza el atesoramiento de bienes hasta su decomiso sin ningún tipo de finalidad reparativa. 

El encuentro de los diputados y los especialistas en la materia se desarrolló en el salón Delia Parodi de la Cámara baja y tuvo permitió analizar información, experiencias y conocer los marcos normativos para la reutilización social de dichos bienes y los roles de los funcionarios encargados de esas tareas.

Participaron el profesor Lucas Manjon, coordinador del Proyecto Bien Restituido de la Unión Europea; Vanessa Perrée, directora general la Agencia para la Gestión y Recuperación de Bienes Incautados y Confiscados, de Francia; Luis Montero Durán, jefe de Área del Fondo de Bienes Decomisados, de España; Bruno Corda, director de la Agencia Nacional para la Administración y Destino de los Bienes Incautados y Decomisados del Crimen Organizado, de Italia; Esteban Fullin, secretario del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT); Emiliano Cottini, representante de la organización italiana Líbera -Associazioni de América Latina; Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea ante la Argentina; y Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

El proyecto de ley, que es fruto de una construcción transversal, tiene como autores principales a Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal), Carlos D´Alessandro (La Libertad Avanza) y Pamela Calletti (Innovación Federal).

También a Cristian Ritondo; Eduardo Toniolli; Facundo Manes; Rocío Bonacci; Mónica Fein; Esteban Paulon; Roberto Mirabella; Leandro Santoro; Carla Carrizo; Emilio Monzó; Ricardo Herrera; Hilda Aguirre; Ricardo Daives y Gustavo Bordet. 

"Argentina puede ser el segundo país en el mundo, luego de Italia, en tener una ley nacional que restituye bienes del crimen organizado y las mafias a la sociedad. Las experiencias, el apoyo de los países y funcionarios que hoy nos visitaron nos llena de esperanza", consideró Gutiérrez. 

Por su parte, D'Alessandro (LLA) anticipó que iniciará un fuerte trabajo, a su vez, hacia el interior del Senado para poder avanzar con celeridad en su tratamiento. 

En tanto, el diputado Fernando Iglesias (PRO), comprometió el apoyo en la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, la cual preside.