Comenzó el juicio por la valija de Antonini Wilson y la defensa de De Vido pidió que pase a la Justicia Electoral
El fiscal sostuvo en la acusación que el dinero iba a financiar la campaña política del Frente para la Victoria, por lo que los abogados Rusconi y Palmeiro sostuvieron se trata de un supuesto delito electoral.
El comienzo del juicio oral por el intento de contrabando de unos 800 mil dólares por parte del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en 2007 tuvo hoy un comienzo accidentado, en el que el tribunal resolvió pasar a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para resolver un planteo para que la causa sea debatida en la Justicia Electoral.
El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 dio inicio al juicio por los hechos ocurridos hace casi 16 años y recibió una andanada de planteos previos de nulidad por el paso del tiempo, por violación al “principio de congruencia”, por la ausencia del principal imputado y, en especial, por la “incompetencia” para llevar adelante el proceso.
La defensa del ex ministro de Planificación Julio De Vido, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, planteó la “incompetencia” del fuero en lo Penal Económico sobre la base de la acusación que formuló el fiscal de primera instancia Pablo Turano.
Sobre el destino de los 800 mil dólares que intentó introducir en una valija Antonini Wilson, Turano sostuvo que iban a financiar la campaña política del entonces Frente para la Victoria, cuyos principales referentes eran Néstor y Cristina Kirchner.
La defensa de De Vido argumentó, sobre esa base, que si el dinero era para financiar la campaña política, entonces se trataba de un delito de naturaleza electoral y es en ese fuero donde debía tramitar el expediente.
El tribunal, integrado por los jueces Diego García Berro, Ignacio Fornari y Luis Losada, resolvió pasar a cuarto intermedio para correrle vista (pedirles opinión) a las partes y luego determinar si avanza con el juicio.
No obstante, también deberá resolver otros planteos del propio De Vido y del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quienes juntos con el ex titular del organismo de control de obras viales OCCOVI Claudio Uberti, comparecen como acusados.
El 4 de agosto de 2007, Antonini Wilson intentó ingresar una valija con 790.550 dólares disimulados como libros en su equipaje de mano que traía en un avión contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA).
Los dólares fueron detectados en una inspección de rutina por la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria María de Luján Telpuk.
Antonini Wilson, el principal imputado, y los venezolanos Diego y Daniel Uzcátegui, ambos directivos de la petrolera venezolana PDVSA, no están presentes en el juicio puesto que pesan sobre ellos sendos pedidos de extradición que nunca se concretaron.
Justamente la ausencia de los venezolanos llevó a la defensa de De Vido a invocar la presunta violación del “principio del juicio justo”, puesto que les resta una de las herramientas que podrían utilizar durante el proceso para ejercer la defensa.
De Vido y Echegaray plantearon además la violación al “principio de congruencia”, ya que fueron inicialmente acusados por la tentativa de contrabando pero luego esa calificación cambió a “encubrimiento”.
En el caso del exministro, pese al cambio fue acusado ante el tribunal por la tentativa de contrabando. Su señaló que había sido involucrado en el expediente a través de las declaraciones del ex embajador argentino en Venezuela Manuel Sadous, quien habló de una “embajada paralela” en aquel país.
De Vido refutó a Sadous y lo denunció por falso testimonio, pero cuando la causa se encaminaba al juicio oral el ex diplomático falleció, lo que frustró la posibilidad de establecer si había mentido o no.
Echegaray (quien se defiende a sí mismo como abogado en causa propia), en tanto, recordó también que el hecho que se juzga es una falta administrativa aduanera que ya fue evaluada en un sumario interno de la AFIP que terminó con sanciones. En ese contexto, argumentó que hay “inexistencia de delito”.
A su vez, todos plantearon la violación a la garantía del “plazo razonable” para ser juzgados, ya que el expediente se extendió durante más de tres lustros sin que hubiera razones que –más allá de la ausencia de los venezolanos, que aún persiste- justificara la inusitada demora.