El juez federal Luis Rodríguez llamó a prestar declaración indagatoria a seis funcionarios de Radio y Televisión Argentina (RTA) y la TV Pública por los presuntos delitos de “administración infiel en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles”. Todos están acusados por el retiro de más de 11 millones de pesos en efectivo de una sucursal bancaria situada dentro del canal para afrontar gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano.

Las indagatorias comenzarán el próximo 30 de junio y serán por vía remota, a través del sistema de videoconferencia, en razón de los cuidados y protocolos por el coronavirus.

El 30 de junio declarará Guillermo Siaria, ex director de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales; el 1º de julio, Alejandro De la Torre, director adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales; el 2, Ernesto Molinero, ex gerente de producción; el 5, Ariel Berliner, ex subgerente; el 6, Claudio Lamalfa, ex tesorero y finalmente el 7 lo hará la escenógrafa Adriana Maestri, quien figura en el listado como “Contratada/tercera beneficiada”.

La presidenta de RTA, Rosario Lufrano, y el ex vicepresidente, Eliseo Alvarez, quedaron de momento al margen de cualquier imputación.

Las indagatorias habían sido solicitadas por el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita.

Según la acusación, el retiro de dinero en efectivo de la sucursal del banco que está instalada dentro de la sede de la TV Pública violó la normativa interna en materia de gastos para producciones.

“La modalidad elegida por los encausados para llevar adelante la maniobra —manejo del dinero en efectivo— les permitió desenvolverse y actuar de forma discrecional con fondos públicos”, sostuvo el fiscal en su acusación.

“Es posible afirmar que los nombrados, excediendo las facultades conferidas, manejaron fraudulentamente los fondos públicos a su disposición, en un claro beneficio propio y hacia terceros, generando con ello un perjuicio económico de especial relevancia para la administración estatal”, añadió.

Los imputados actuaron con el objetivo de “procurarse el manejo de dinero en efectivo, por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira”.

Esas conductas “no contaban con la debida autorización del Directorio de RTA SE ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara”.