El juez federal Sebastián Casanello recibió los informes que le había pedido a su colega Marcelo Martínez de Giorgi para resolver sobre un planteo de “nulidad” de la prueba principal de la Causa Puf Puf, una supuesta maniobra denunciada por la Coalición Cívica para neutralizar el expediente de los Cuadernos.

Martínez de Giorgi –quien heredó gran parte de las causas por presunto espionaje ilegal que estaban desparramadas en varias jurisdicciones- le remitió parte de los expedientes que tramitan en su juzgado, especialmente los relacionados con el supuesto espionaje ilegal a ex funcionarios kirchneristas en la cárcel de Ezeiza.

La información evacúa un interrogante específico de Casanello sobre el rol que le cupo al juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, puesto que las escuchas –que el fiscal Franco Picardi consideró ilegales- fueron captadas invocando una supuesta orden del magistrado lomense.

“Hágase saber que el Dr. Federico Villena, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora Nro. 1 no se encuentra formalmente imputado en estos autos”, explicó Martínez de Giorgi.

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“Sin embargo, aclárese que su actuación fue cuestionada por algunas de las partes intervinientes en el marco de diversos planteos de nulidad, que actualmente se encuentran tramitando y a estudio del Tribunal”, aclaró.

“A ello se agrega que los integrantes de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones del fuero (…) también señalaron circunstancias que rodearon el trámite de la causa, que resultarían llamativas o contrarias a ciertas prácticas procesales habituales”, añadió.

Con esos informes, Casanello quedó en condiciones de resolver sobre el planteo del fiscal Picardi, quien postuló “la nulidad y/o exclusión de las partes correspondientes del requerimiento de instrucción en las que fueron plasmadas las transcripciones telefónicas y todo lo actuado en consecuencia”.

Picardi emitió ese dictamen ante sendos planteos de nulidad del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta –representado por el abogado Alejandro Rúa- y del juez Juan María Ramos Padilla, abogado en causa propia.

El juez Villena había dispuesto la intercepción de las comunicaciones telefónicas de Mario Segovia, conocido como “el rey de la efedrina”, pero por esos mismos teléfonos hablaban otros presos, quienes no debían ser escuchados.

Sin embargo, la transcripción de una de esas escuchas dio origen a la Causa Puf Puf, una expresión del diputado Eduardo Valdés en diálogo con el entonces detenido ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi cuando estalló la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Esas escuchas y sus transcripciones llegaron de manera anónima al fiscal Carlos Stornelli –quien intervenía en la Causa Cuadernos- y a la entonces diputada Elisa Carrió.

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Villena explicó que él sólo había ordenado interceptar las comunicaciones de un único detenido, Segovia, y que todo el resto de lo captado debía ser destruido.

Picardi le pidió al juez Sebastián Casanello que “se excluya toda la actividad jurisdiccional vinculada con la incorporación del producido de las intervenciones telefónicas y su posterior transcripción, como así también cualquier otro acto procesal por medio del cual se hayan incorporado o utilizado las grabaciones de las escuchas cuestionadas y sus transcripciones”.

Ello significaría el virtual cierre de la causa denominada “Puf Puf”.