Una denuncia contra dos funcionarios vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia 
Estratégica Militar (DNIEM) del Ministerio de Defensa fue ratificada y ampliada durante las últimas horas en la Justicia  Federal, por lo que ambos involucrados quedaron al borde de ser echados de la cartera que encabeza Luis Petri.

La demanda es presuntamente por usar en forma personal fondos destinados a viáticos y desviar a beneficio propio dinero de racionamiento que tiene como fin proveer de alimentación a civiles y miembros de las Fuerzas Armadas.

Según pudo averiguar Noticias Argentinas, la presentación penal, que quedó a cargo del Juzgado Federal número 2 de Sebastián Ramos, ya fue ratificada y ampliada con las pruebas correspondientes.

La misma incluye también posibles acusaciones por espionaje ilegal contra empresas argentinas y bolivianas que explotan litio, con el objetivo de favorecer a firmas alemanas que mediante 
presuntos métodos extorsivos puedan quedarse con el negocio del valioso mineral y ejercer un monopolio en el norte del país y en la nación del altiplano.

La causa, generada tras una denuncia que envió un anónimo a la Justicia, está caratulada como presunta "defraudación pública al Estado", "malversación de fondos públicos", "abuso de poder" e "inteligencia clandestina".

El primero de los denunciados es Francisco Javier Moliterno, quien fue designado director de la DNIEM durante la gestión de Alberto Fernández y ahora tiene un cargo menor pero con mucho poder, ya que algunos dicen que "opera tras las sombras".

"Forma parte de la planta permanente del Ministerio desde el año pasado, pero ahora no está operativo. Lo tienen `guardado`", remarcaron las fuentes consultadas por NA.

El otro denunciado es el actual director de la DNIEM, Marco Alberto Constenla, mientras que el tercero en cuestión es el ex director de Inteligencia Nacional Carlos Molina, quien ya no forma parte más de la cartera desde hace un tiempo.

Tanto Moliterno como Constenla están con un pie afuera de Defensa, "casi echados", tras esta denuncia judicial.

De hecho, la DNIEM podría desaparecer ya que forma parte de un proceso de reestructuración dentro de la cartera, a llevarse a cabo en los próximos meses, y sería absorbida por una especie de Secretaría de Inteligencia Exterior. De hecho esos cambios dentro del Ministerio podrían llevar también a prescindir de otros funcionarios. 

Según consta en la presentación judicial, los presuntos acusados "habrían comenzado desde el Gobierno anterior presuntamente a apropiarse de fondos públicos y reservados de la DNIEM continuando con este accionar en la gestión actual".

"El mecanismo de fraude consistiría en realizar pedidos de viáticos de fondos públicos para ser utilizados por Moliterno para su uso personal, entre otros, vacaciones familiares junto a su esposa Rocío Soledad Canaves e hijos menores de edad", se indicó.

Canaves justamente "habría ingresado como miembro de planta permanente en la DNIEM, pero jamás habría concurrido a cumplir funciones laborales ni se le habría asignado tarea alguna a
realizar desde su domicilio".

En uno de los pedidos, Moliterno solicitó 139.140 pesos por costos de desplazamiento y viáticos por 27.828 pesos cada día para un viaje a la ciudad chubutense de Esquel junto a su esposa en una misión oficial que iba del 21 al 25 de agosto de 2023.

Sin embargo, en fotos subidas a redes sociales, el denunciado se mostraba junto a su pareja y a sus dos hijos menores de edad disfrutando del paisaje y realizando actividades en grupo, en lo
que finalmente eran vacaciones familiares.

Por otra parte, otra de las denuncias presentadas radica "en un mecanismo que se complementaría con la creación de contratos de personal que directamente no existiría y de la tercerización de servicios que tampoco existirían, lo que permitiría el cobro de dichos fondos y su utilización con fines particulares".

Además, los presuntos acusados estarían "reteniendo el dinero destinado al pago de racionamiento (haberes que conforman la cuota de alimentos para el personal) desviándolo a cuentas para su uso particular".

En la denuncia penal, se cita como ejemplo una nota de autorización de retiros de fondos de febrero de 2024 firmada por Moliterno, por la suma de 13.365.083,22 pesos, la cual una empleada sacó
del Banco Nación.

Esa cifra tenía que ser para pagar el racionamiento de los efectivos y del personal civil correspondiente a julio, agosto, septiembre y octubre de 2023, pero no se hizo.

En la presentación judicial se sospecha que los denunciados "formarían parte de una presunta organización dentro de un organismo de inteligencia, destinada a defraudar a la Administración Pública Nacional".

  Presunta inteligencia ilegal sobre empresas de litio.

Esa denuncia no es la única que arrastran Moliterno y Constela, ya que fueron acusados presuntamente de autorizar operaciones de inteligencia por parte de empresas privadas alemanas en territorio argentino y boliviano.

En ese sentido, "Moliterno dirigiría una facción conformada por personal de la Armada Argentina, encabezada por el contraalmirante Core, quien es el padrino del hijo menor de Moliterno, aportando apoyo externo a la operación con un grupo de la Armada Argentina".

Asimismo, el presunto acusado "opera estos temas con el coronel mayor Gabriel Pietronave y las reuniones se dan los viernes por la tarde para el intercambio de información de inteligencia que le brindan al personal militar de la Embajada teutona (escuchas, seguimientos y otros), percibiendo a cambio el presunto el pago de 250 mil euros".

El enlace sería un miembro militar de la sede diplomática germana en la Argentina identificado como capitán de fragata Peter Chistian Semrau y el fin sería conseguir información que permita a las empresas extranjeras de capital privado adquirir compañías nacionales y monopolizar el mercado del litio, un negocio más que rentable por los próximos 10 ó 15 años, aproximadamente.

La Justicia debe investigar y determinar si el pedido es directo del Gobierno alemán o es un trabajo encomendado por una empresa privada de ese país a este militar.

La tarea de los denunciados consistiría "en hallar alguna situación o hecho que puedan complicar a los dueños de las firmas argentinas y bolivianas y así extorsionarlos con el objetivo de que les vendan las empresas a los alemanes y así quedarse con toda la explotación del litio en el norte argentino y en Bolivia".

Ya con la ratificación y la ampliación consumada de la denuncia, es el juez federal Ramos el que debería avanzar con la investigación.