El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, concedió la prisión domiciliaria al ex policía bonaerense y ex agente de inteligencia Ricardo Bogoliuk, detenido desde fines de febrero de 2019 en el marco de la denominada Causa D’Alessio.

El juez adoptó la resolución después de que la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal, hiciera lugar parcialmente a un recurso presentado por la defensa de Bogoliuk, a cargo del penalista Oscar Moyano.

Bogoliuk estará monitoreado por una tobillera electrónica y además deberá cumplir reglas de conducta que consisten en “prohibición de salida del país y de recibir visitas de quienes no sean familiares directos o su defensa técnica y designación de su abogado defensor como garante y responsable de que no evadirá ni obstaculizará la acción de la justicia”.

En abril pasado, tanto el juez Bava cuando la Cámara Federal de Mar del Plata habían rechazado la excarcelación, pero la defensa de Bogoliuk llegó hasta la Casación con un recurso de apelación que fue resuelto favorablemente en la víspera.

Ese tribunal dispuso devolver el expediente al juez de Dolores para que “con la celeridad que el caso impone, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí establecido,  en coincidencia y adhesión a lo reclamado por la defensa”.

Los jueces Javier Carbajo y Guillermo Yacobucci resolvieron que el consentimiento que había prestado el fiscal de primera instancia Juan Pablo Curi para la concesión de la prisión domiciliaria fue determinante a la hora de tomar la decisión.

“Dicho dictamen fiscal resulta vinculante a la luz del Código Procesal Penal Federal”, sostuvo el fallo.

Bogoliuk fue detenido el 25 de febrero de 2019 por orden del entonces juez de Dolores Alejo Ramos Padilla por su presunta responsabilidad en las actividades ilegales que se le atribuyen al falso abogado Marcelo D’Alessio, también preso como cabeza visible de una supuesta asociación ilícita.

Luego de eso, la investigación amplió la prueba producida y el procesamiento se extendió a otros casos relacionados también con el espionaje ilegal y el lavado de activos.

Por otro lado, el fiscal federal Carlos Stornelli se sumó al pedido de nulidad de la apertura y extracción de información del teléfono celular del falso abogado Marcelo D’Alessio, que posibilitó avanzar en la investigación por asociación ilícita que lo tiene involucrado.

Mediante un escrito presentado por su abogada, Raquel Pérez Iglesias, Stornelli resolvió “adherir a los recursos de casación deducidos en el incidente en donde se ventila el planteo de nulidad de la modalidad en que se accediera a la apertura del celular del imputado Marcelo D’Alessio y a la incorporación como elemento de prueba de los correos electrónicos obrantes en él”.

La nulidad de la apertura del teléfono de D’Alessio había sido planteada por su defensor, Claudio Fogar, y por los abogados del fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone.

Stornelli se sumó a esa postura, que sostiene que se violaron las garantías constitucionales de D’Alessio, especialmente la de defensa en juicio y del debido proceso.

La abogada Pérez Iglesias recordó que cuando D’Alessio suministró las claves para el acceso al celular estuvo sin la asistencia de su defensa, que no había sido notificada por razones formales, y accedió al pedido del entonces juez de la causa, Alejo Ramos Padilla, creyendo que obtendría a cambio la prisión domiciliaria.

“Se dispuso llevar al detenido para que actuara de modo activo proporcionando una información. Se trata de un comportamiento activo para el cual el imputado tenía derecho a negarse a participar”, evaluó la defensa de Stornelli.

“Por tal motivo, como se esperaba de su parte una conducta activa, debía contar con el previo asesoramiento de su defensa técnica para evaluar la conveniencia o no de su aquiescencia para intervenir activamente en él”, añadió.

Pérez Iglesias sostuvo que “en tales condiciones de desamparo técnico de su defensa letrada, ni siquiera debe analizarse si en el momento coexistió además alguna otra razón para invalidar su consentimiento para proporcionar la información en su perjuicio”.

“No estaba verificada una condición previa para que pudiera intervenir. Suficiente para invalidar el acto!”, exclamó.

La Cámara Federal de Casación debe pronunciarse sobre el planteo de nulidad que, en caso de ser aceptado, podría significar el derrumbe del expediente y la inmediata libertad de D’Alessio.

La defensa de Stornelli estimó que cuando D’Alessio, “sin que hubiera podido mantener una entrevista previa con su abogado defensor, anuncia su voluntad de colaborar, lo hace en la inteligencia de que, de tal modo, obtendrá el beneficio de una prisión domiciliaria”.

“No importa ya si efectivamente alguien desde el Juzgado le prometió tal cosa o sólo desde su cabeza de lego -con una profusa imaginación- el detenido así lo creyó. Lo cierto es que a tal diligencia debió haber llegado debidamente asistido por su letrado defensor, el cual le hubiera despejado las dudas y lo hubiera asesorado respecto a que aquello no sucedería”, resumió.