El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó un pedido de “inhibitoria” que le formuló un tribunal oral federal para que deje de intervenir en una causa en la que se investigan tachaduras, sobreescrituras, correcciones y borrados en los denominados mediáticamente “cuadernos de la corrupción”.

Mediante un escrito de dos páginas, el juez desestimó un planteo que le había formulado la semana pasada el Tribunal Oral Federal 7, que tiene asignada la realización del juicio por la Causa Cuadernos.

El tribunal oral había sostenido que “los cuestionamientos dirigidos a la prueba colectada en el marco de esta investigación -y que es basamento del objeto de la imputación- deben realizarse -de momento- en el contexto de este proceso”.

Ello hubiera significado que toda la investigación (incluso sobre las ediciones de los cuadernos) tramitara ante el Tribunal Oral y la validez o nulidad de ese elemento de prueba central para el juicio se dirimiera durante el debate.

LEE: Amnistía Internacional pidió informes a Nación y CABA por la muerte de Facundo Molares

Martínez de Giorgi interviene en una causa promovida por el empresario Armando Loson, quien detectó –mediante un peritaje privado- más de 1.600 irregularidades sólo en lo relacionado con él.

Dos peritajes ordenados por Martínez de Giorgi confirmaron que los cuadernos fueron adulterados, pero la fiscal de juicio, Fabiana León, pidió su inhibitoria para seguir investigando y el tribunal oral se adhirió a esa postura.

“Las distintas etapas en las que transitan ambos procesos impiden, por el momento, su tramitación conjunta, a menos que se decidiera retrotraer, de algún modo, aquella causa a una instancia anterior, o en su caso, de lo que pudiera ocurrir en el futuro, con el posible y eventual avance de estas actuaciones a otra etapa”, replicó Martínez de Giorgi.

El juez recordó que en dos oportunidades anteriores se había planteado la misma situación y en ambas fue ratificada la separación de los expedientes y su continuidad al frente de uno de ellos.

“No se observa que la preocupación puesta de manifiesto por sus integrantes, o por la representante del Ministerio Público en ese expediente, pudiera tener asidero”, resumió.