El procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, dispuso la creación “en el ámbito de la Unidad Fiscal AMIA, de un área específica de análisis de la totalidad del acervo documental de inteligencia desclasificado, con la invitación a las víctimas constituidas en querellantes para que participen de los procesos evaluatorios”.

Casal designó al frente de esa área al fiscal Pablo Ouviña, actual titular de la “Unidad de Asistencia en causas por violación a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Casal justificó que Ouviña “posee amplia experiencia en el análisis de grandes volúmenes de documentos vinculados a investigaciones por hechos complejos”, por lo que “resulta idóneo para liderar la mencionada área”.

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La nueva área tendrá como objetivos “mantener informadas a las partes querellantes acerca del trabajo de procesamiento y análisis de la documentación, efectuando evaluaciones parciales, ya sean de fondo o de contexto, a través de presentación de informes escritos de los que deberá dejarse constancia en las actuaciones principales”.

También deberá “compartir con las partes querellantes aquella documentación que se considere relevante y acompañarla de la guía y asesoramiento acerca de las hipótesis o elementos incorporados al expediente que le den sentido”.

La resolución añade que el área específica deberá “implementar las medidas procesales que se consideren pertinentes como resultado de las conclusiones de los análisis”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había formulado un reproche a la Argentina, ante un pedido de la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa, por la omisión de “garantizar a la parte peticionaria la accesibilidad a los archivos estatales donde se encuentra almacenada dicha información”.

En 2015, la Procuración General de la Nación había creado el “Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD)” para los mismos fines, pero “luego de más de siete años de existencia aún no se ha culminado con la digitalización y menos con el análisis de la documentación desclasificada”, admitió el jefe de los fiscales.