La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue aceptada como querellante en la causa en la que se investiga la pegatina ilegal de afiches en la Ciudad de Buenos Aires en los que se la tildaba de “asesina” y se la responsabilizaba por 35 mil muertes por la pandemia.

Tras aceptarla como querellante, el juez de instrucción penal Manuel De Campos se declaró “incompetente” para seguir interviniendo en el caso y envió el expediente a la Justicia Federal.

No obstante, Inmediatamente después de que Cristina Kirchner fuera aceptada como querellante -con el patrocinio del abogado Gregorio Dalbón-, la defensa de una imputada, Nilda Lilian Melhem, pidió que sea apartada de ese rol.

El abogado de Melhem, Matías Cúneo Libarona, presentó un escrito en el que advirtió las razones por las que la vicepresidenta no puede ser tenida como querellante en esta causa.

Cúneo Libarona destacó que “el sujeto pasivo del delito de defraudación por desbaratamiento de empresas” (por la pegatina ilegal en un circuito concesionado del espacio público) es Juan Ignacio Albistur –dueño de la concesión- en tanto que “el bien jurídico tutelado es el normal funcionamiento de las empresas del mercado”.

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“Es decir, nada que involucre a la doctora  Fernández de Kirchner”, subrayó.

“Si el hecho por cual pretendió ser querellante es el de ‘hostigamiento’, debería presentarse ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (…)  Si pretendía ser querellante por un hecho configurativo del delito de ‘intimidación pública’ debería presentarse ante el fuero federal”, abundó.

“No se investiga la comisión de un delito contra el honor. Y si ella quisiera que se investigue el delito de injurias debe promover personalmente o por apoderado una querella con requisitos absolutamente distintos, en otro ámbito, ante otro juez, bajo otro procedimiento y sin un fiscal, ya que un delito de acción privada. No debe subirse a una denuncia de un tercero ajeno”, completó Cúneo Libarona.

Melhem está imputada por los afiches que aparecieron en barrios de la Capital Federal en abril pasado con leyendas en contra de la vicepresidenta en el mobiliario urbano asignado por el gobierno de la Ciudad a la colocación de cartelería publicitaria mediante el pago de un canon de carácter económico.

La imputada vive en Recoleta y se manifestó ofuscada por el manejo oficial de la pandemia, que causó la muerte de su padre, de 93 años de edad.