Si se confirman las sospechas de los dos fiscales provinciales que intervinieron en el caso, en la actualidad la investigación continuará en el ámbito de la Justicia Federal, en las que el niño Loan Peña, de cinco años, desaparecido desde el 13 de junio pasado en la localidad de 9 de Julio en Corrientes, fue apropiado en forma ilegal y trasladado a la vecina provincia del Chaco, se estará a las puertas de una grave crisis política por las implicaciones de un caso siniestro, que podría estar relacionada con la trata de personas, en la que se montó una falsa reunión familiar y se plantaron coartadas para cubrir a los responsables.

Por esas falsas cortadas que permitieron perder tiempo a los investigadores de la desaparición desde un primer momento fue detenido el comisario mayor Walter Maciel con prisión preventiva acusado del delito de encubrimiento

Acerca de esta cuestión del expediente judicial, el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, que tiene una trayectoria de 19 años en su cargo como jefe del ministerio púbico, afirmó de manera contundente, "…durante las imputaciones de los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry contra los seis detenidos se indicó que uno de los involucrados plantó la zapatilla de Loan en los rastrillajes para desviar el caso. En principio eso está establecido en la acusación de los fiscales que intervinieron. Es tremendo".

Además, el fiscal general se mostró molesto por cómo se llevó a cabo el caso desde el primer día de búsqueda: "El principio de la investigación fue anormal, no hubiera imaginado nunca que desde un entorno familiar y desde alguien que tenía que cuidarnos nos hayan plantado absolutamente todo para que esto se haga mal desde un primer momento".

Y, confirmó que el comisario Maciel, tenía una denuncia previa por abuso sexual situación visiblemente irregular como para nombrarlo jefe de una delegación policial. "Sé que tuvo una denuncia por abuso en 2019. Habría que preguntarle a la persona que pone a funcionarios con denuncias concretas en ciertos lugares", explicó Sotelo.

Este último párrafo cayó como una bomba neutrónica en las oficinas del gobernador radical, Gustavo Valdés. La oposición política al mandatario correntino, Unión por la Patria, decidió solicitar a través de sus legisladores una requisitoria del ministro de seguridad correntino, Buenaventura Duarte.

La conducción política ordenó al jefe de la fuerza policial, comisario general Alberto Arnaldo Molina, despedir a Maciel el mismo día que se produjo su detención y acusación. 

El jefe policial, Molina, ya designo un sucesor en la comisaría de 9 de Julio al nombrar al comisario mayor Raúl Rodríguez. Molina viene de perder a su hijo en un episodio pasional cuando una violenta balacera se produjo el 13 de abril, en la provincia de Corrientes, donde dos policías fueron atacados a tiros por otro integrante de la fuerza. En el hecho perdió la vida Alfredo Molina (31).  El hijo del jefe de la policía provincial, Alberto Arnaldo Molina. La otra víctima fue identificada como Bárbara Romero (28), quien se encuentra internada en grave estado.

Ahora bien, los legisladores de Unión por la Patria, quieren escuchar al ministro de seguridad, Buenaventura Duarte, para conocer sobre los procedimientos llevados a cabo ante la desaparición del menor Loan Danilo Peña. Este pedido fue realizado a partir de un proyecto de resolución presentado hoy en la cámara.

Entre las medidas cuestionadas en el documento se destacan: “Las razones detrás de la tardía notificación a comisarías jurisdiccionales, policía caminera, centros fronterizos y fuerzas federales, lo cual pudo haber comprometido la eficacia de los controles iniciales”

Además, de la falta de controles carreteros exhaustivos en los primeros días de la investigación. “Se solicita una explicación sobre el traslado del Comisario Walter Maciel desde Monte Caseros a 9 de Julio, así como una revisión de sus antecedentes disciplinarios”. También se quiere analizar “la inatención a denuncias formales de subalternos del comisario en la Regional Goya y la inacción ante la denuncia pública del Intendente Hugo Insaurralde, quien señaló implicancias institucionales y políticas en hechos delictivos, también son puntos cruciales que el Ministro debe aclarar”.