La Cámara Federal de Casación evaluará mañana las penas aplicadas a los imputados por los episodios del 19 y 20 de diciembre de 2001, entre ellos el ex secretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos.

Ambos están condenados a penas de prisión de cumplimiento efectivo por la represión que derivó en las muertes de los manifestantes Diego Lamagna, Gastón Riva y Carlos Almirón en los alrededores de la Plaza de Mayo.

Los ex funcionarios fueron juzgados en mayo de 2016, es decir 15 años después de los hechos, y hoy, a punto de cumplirse 20 de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, las condenas aún no están firmes.

Mathov fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión; Santos, a tres años y medio, en tanto que el ex director general de Operaciones de la Policía Federal Norberto Gaudiero, a tres años en suspenso.

Esas condenas fueron originalmente más altas, pero resultaron rebajadas como consecuencia de una orden de la Casación para readecuarlas, lo que finalmente terminó haciendo el tribunal oral federal número seis.

La sentencia que dictará la Cámara de Casación es eventualmente apelable ante la Corte Suprema de Justicia, por lo que no quedará firme hasta esa instancia.

Por la represión que precedió a la caída del gobierno de la Alianza también resultaron condenados Víctor Manuel Belloni, también policía, a dos años y nueve meses de prisión, pero en su caso sólo por el delito de  “abuso de armas”.

El ex subcomisario Carlos José López fue condenado a cinco años y medio de cárcel  como “coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio en agresión (por la muerte de Alberto Manuel Márquez) en concurso ideal con lesiones en agresión”.

Los tres condenados cuyas penas serán revisadas a partir de mañana sostienen que su pena ya está prescripta.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa, manifestó sobre la audiencia de mañana que “toda la investigación judicial de los homicidios y lesiones que ocurrieron esos días se caracterizó por su extrema lentitud e incapacidad para reconstruir los hechos”.

“La justicia debe expedirse con rapidez sobre las condenas y tiene que avanzar en la identificación e investigación de quienes dispararon con armas de fuego directamente contra les manifestantes”, reclamó.