La Cámara Federal de Casación confirmó el rechazo a tener como querellante al Ministerio de Justicia en la causa en la que se investiga el viaje de jueces, fiscales, ex funcionarios porteños y agentes de inteligencia al Lago Escondido en octubre de 2022, por una supuesta invitación de directivos de un grupo empresario.

El máximo tribunal penal consideró que las circunstancias del viaje bajo investigación “no permiten observar -ni los argumentos del peticionante así lo demuestran- que pudieran generar un perjuicio directo a las atribuciones o deberes del Ministerio de Justicia”.

Tampoco –añade la resolución, firmada por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña- se infiere que “se esté ante un supuesto en que la ley autorice a constituirlo como querellante”.

En el expediente, que está radicado en el juzgado federal de Sebastián Ramos, fueron denunciados los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques; el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Marcelo D’Alessandro; ex agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín por el presunto delito de “dádivas” y “tráfico de influencias”.

Todo ello a raíz de un viaje que compartieron en octubre del año pasado al Lago Escondido, la estancia propiedad del magnate británico Joe Lewis, denunciada primero periodísticamente y luego por un abogado radicado en Río Negro, Marcelo Hertzriken Velasco, quien también fue rechazado como querellante.

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Previo al fallo, el juez Barroetaveña rechazó una recusación en su contra; su colega Petrone avaló esa decisión y ambos conformaron mayoría para rechazar al Ministerio de Justicia como querellante.

La  cartera judicial ya había sido rechazada en el expediente por la Cámara Federal.

“En el estado actual de las actuaciones, resulta ajustada la decisión adoptada por cuanto ha brindado una fundamentación razonable de su decisión que la impugnación presentada no ha logrado rebatir –más allá de su disenso-“, resumió la confirmación de Casación.

La decisión judicial admitió que “en otros casos ha aceptado a determinadas agencias del Poder Ejecutivo como querellantes”, pero aclaró que “ello siempre estuvo (y está) supeditado a la necesidad de comprobar la concurrencia de un plus en el interés que representa el Ministerio Público Fiscal”.

El fiscal de esta causa era el fallecido Federico Delgado, pero tras su deceso lo reemplaza Carlos Rívolo.

Pese al rechazo, la Casación recordó que una de las facultades del Ministerio de Justicia es “entender en los programas de lucha contra la corrupción del Sector Público Nacional e intervenir como parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional”.