La diputada nacional de Unión por la Patria Carolina Gaillard despotricó hoy contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien calificó de “criminal” por haber incumplido deberes de funcionario público, y advirtió que por sus presuntos delitos es “pasible de juicio político”.

“Si se incumple esa responsabilidad, los funcionarios son pasibles de mal desempeño y pueden ser apartados de su cargo como también los jueces de la Corte Suprema”, arrancó la entrerriana, que hasta diciembre fue la presidenta de la comisión de Juicio Político y tuvo un rol clave en la acusación a los jueces de la Corte Suprema.

“Sandra Pettovello, además de ser pasible de cometer un delito puede ser pasible de un juicio político por todo lo que ha ocurrido, no solo la falta de reparto de los alimentos sino porque también suscribió cada uno de los contratos que figuran en un Google drive donde aparecen los porcentajes que se repartían en las contrataciones truchas que se hacían en el ministerio de Capital Humano”, desarrolló.

A su entender, “esto constituye un escándalo” y fue lapidaria: “Acá la criminal es Sandra Pettovello, no las organizaciones sociales”

La diputada kirchnerista reivindicó “el rol fundamental” que cumplen las organizaciones en el territorio “ante el ajuste que está levando adelante Milei”. 

“No quiero pensar lo que estaría ocurriendo con el nivel de desigualdad que se ha agudizado después de la pandemia y ni hablar con el ajuste y el corrimiento del Estado que se está llevando adelante”, siguió.

Gaillard aseguró que en Capital Humano “no les importa ni las órdenes judiciales” y recordó que el Gobierno incumplió el fallo del juez Sebastián Casanello del 25 de mayo pasado obligando a la cartera a elaborar un plan de distribución de los alimentos.

“El 28 de mayo apeló Capital diciendo que era un avance ilegítimo y una cuestión política no judiciable, es decir que no había voluntad de llevar adelante el plan de distribución”, afirmó.

En este sentido, aseguró que “hay desobediencia judicial y hay falta de acceso a la alimentación”, que es un derecho de la población que el Gobierno tiene “la obligación de garantizar”.