El empresario Angelo Calcaterra declaró hoy en el juicio oral contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante su gobierno que era “normal” que una empresa radicada en una provincia tuviera ventajas operativas para quedarse con un contrato.

“Las empresas radicadas en una provincia tienen muchas ventajas en esa zona. El obrador, la gente, los equipos, los proveedores, los mecánicos, la logística… Beneficia mucho la localía” a la hora del acceso a la obra pública.

Calcaterra, accionista de IECSA y Creaurban, reconoció que esas empresas nunca tuvieron adjudicación de obra pública en Santa Cruz, salvo en una oportunidad en la que licitó por una obra de carácter nacional, la construcción de las represas que finalmente terminaron adjudicadas a Electroingeniería, en sociedad con capitales chinos.

En esa licitación, las empresas de Calcaterra ofertaron en una UTE (Unión Transitoria de Empresas) con firmas de Lázaro Báez. “Perdimos”, recordó Calcaterra.

En ese contexto, el empresario –primo del ex presidente, Mauricio Macri- expresó: “En Santa Cruz no licité nunca una obra. No estábamos inscriptos en el registro de proveedores de Vialidad de la provincia. Nunca, nunca construimos ni participamos. No tuvimos ninguna en Santa Cruz”.

El abogado de Lázaro Báez, Juan Martín Villanueva, le preguntó dónde sí habían tenido obras, a lo que Calcaterra precisó: “la zona más importante fue la zona centro y norte del país”.

Calcaterra reconoció varias de las prácticas que hoy se le reprochan a los imputados en el juicio conocido como “Obra Pública” como habituales en esas licitaciones.

En esa enumeración aparecieron la cesión de certificados de obra “por motivos financieros, por fondeo”;  las prórrogas de plazos y sobre todo, la “redeterminación de plazos”.

“Es imposible realizar una obra sin redeterminación de precios, es ir ajustando el precio al a realidad. Se deteriora el verdadero precio”, apuntó.

Sobre la ampliación de plazos, Calcaterra reconoció que también sus empresas lo requirieron y explicó: “puede ser por muchos motivos: falta de ingeniería, liberación de traza de obra, cuestiones legales, falta de aprobaciones de presupuestos, temas climáticos, sindicales”.

“Es muy normal que se extiendan los plazos”, resumió.

El juicio se reanudará el próximo 26 de octubre, con el testimonio, entre otros, de las referentes opositoras Mariana Stilman y Paula Olivetto.