La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, se reunieron este lunes por separado con los bloques de diputados nacionales de La Libertad Avanza y el PRO, para organizar el debate y la búsqueda de consensos en torno al paquete de proyectos en materia de seguridad interior y lucha contra el crimen organizado.

Poco después del mediodía, los jefes de las dos carteras ministeriales se reunieron con 15 diputados de La Libertad Avanza, entre quienes estaban Marcela Pagano, Nicolás Emma, Bertie Benegas Lynch, Rocío Bonacci, Lilia Lemoine, y Juliana Santillán.

A las 14.30, en tanto, se entrevistaron con el jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, y los diputados de esa fuerza política Damián Arabia, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Alejandro Finocchiaro, José Núñez, Patricia Vásquez, Alejandro Bongiovanni, Sergio Capozzi, Álvaro González, y Sabrina Ajmechet.

También estaba prevista una reunión con Hacemos Coalición Federal, el bloque de 23 legisladores que preside Miguel Pichetto, pero hubo un malentendido ya que el encuentro se superponía con el cónclave que tuvieron con los libertarios, por lo que debió ser reprogramado.

Durante los dos encuentros, que se extendieron por cerca de una hora y media, los funcionarios transmitieron precisiones de los proyectos de ley, entregaron los respectivos borradores, y pidieron colaboración para conseguir el consenso de legisladores de otros bloques para no tener sobresaltos en el recinto.

Los legisladores tomaron nota, hicieron observaciones y pidieron tratar los proyectos por separado para mejorar las posibilidades de aprobación, aunque ello suponga prolongar los tiempos.

Una de las iniciativas del paquete de proyectos es la llamada “Ley Antimafia” para combatir a las organizaciones criminales de tráfico de drogas, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, y otros delitos complejos. 

La iniciativa incluye la acción de extinción de dominio, que consiste en la desposesión de bienes de quienes hayan sido causantes probados de ese tipo de delitos.

Otro proyecto es el que incorpora el instituto de "reiterancia" al Código Procesal Penal y otorga prisión preventiva a quienes tengan causas previas al delito por el cual están siendo investigados.

Además, el Ministerio de Seguridad busca ampliar el registro de ADN a todos los delitos para una “identificación más precisa de los criminales”, estén imputados o condenados.

También está en carpeta una "ley antipiquete" para garantizar el orden público y la libre circulación, y se aplicaría sobre aquellas personas que fuercen a otras a asistir a una manifestación, bloqueen establecimientos o intimiden a funcionarios públicos.

En tanto, Bullrich impulsa un proyecto de ley para ampliar el instituto de la legítima defensa y el cumplimiento del deber de parte de fuerzas federales, de manera tal de no disuadir la rápida represión de presuntos delitos de agentes de seguridad.

Una de las medidas más polémicas anunciadas por Petri tiene que ver con el proyecto de ley para modificar el artículo 37 de la ley de Seguridad Interior, de manera tal que las fuerzas militares puedan intervenir en el combate al "narcoterrorismo".

La iniciativa tiene el respaldo del presidente Javier Milei pero no así de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se opuso públicamente.