Tres referentes políticos y sociales que aparecen entre las personas cuyos datos biométricos fueron consultados sin razón aparente por el sistema de búsqueda de prófugos de la Ciudad de Buenos Aires, presentaron sendas acciones de “habeas data” para determinar qué datos personales y con qué fines se obtuvieron mediante ese mecanismo.

Se trata de los diputados del Frente de Izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño  y del dirigente social Juan Grabois, quienes formularon el planteo después de que sus nombres aparecieran en un listado provisional difundido en un fallo por el juez porteño Roberto Gallardo.

La acción de habeas data está contemplada en la ley de datos personales y establece un mecanismo por el cual un particular o una persona jurídica está facultada para averiguar qué información posee el Estado, en cualquiera de sus formas, a su respecto, y eventualmente pedir que sea quitada o corregida de esos registros.

El juez Gallardo emitió días atrás un fallo por el que suspendió el sistema de reconocimiento biométrico con las cámaras de seguridad instaladas en la Ciudad de Buenos Aires tras comprobar que pese a que debía buscar a entre 35 mil y 40 mil prófugos, había efectuado más de nueve millones de registros.

En las últimas horas, Gallardo intimó al gobierno porteño, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia –a cargo de Marcelo D'Alessandro-, a que informe cómo y con qué objetivo se utilizaron los datos biométricos de unas 60 personas públicas que aparecen mencionadas en su resolución.

Esa cantidad de personas es provisoria y según aclaró el propio juez fue resultado de una búsqueda parcial y segmentada, lo que indica que podrían existir muchos más casos similares.

El juez también dispuso que el próximo lunes 18 comience el peritaje sobre los servidores del sistema de monitoreo que fueron secuestrados durante un allanamiento que ordenó el martes, tras dar a conocer el fallo que suspendió la aplicación del reconocimiento facial callejero.

Rodrigo Iglesias, el abogado del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) –que impulsó la causa judicial- estimó que los primeros resultados de ese peritaje podrían estar listos en “una o dos semanas”.

Iglesias denunció que también él fue objeto de esos registros faciales que están bajo investigación en al menos dos oportunidades, una de ellas en la que ni siquiera estaba en la Capital Federal.

Del resultado de esa experticia y de las respuestas que brinde el gobierno porteño sobre la utilización de esa información podría derivarse una causa penal (Gallardo es juez en lo Contencioso Administrativo), según adelantó el abogado de ODIA.