La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, afirmó que la suma fija que anunció el Gobierno Nacional para que los ingresos de los trabajadores en blanco no queden debajo de la inflación “debe pagarse por parte de las respectivas patronales”. Sin embargo, en el caso de que sean una “micro, pequeña o hasta mediana empresa tramo 1 podrán transferir el 50% del costo al Estado como parte del anticipo del impuesto a la ganancia”.

En medio de la pérdida del poder adquisitivo ante una inflación que acumuló un alza de 76,6% en diez meses (entre enero y octubre), según el último informe del INDEC, se trata de un bono de 25 mil pesos para diciembre destinado a aquellos empleados en relación de dependencia que cobren hasta 185 mil pesos. “Un refuerzo de fin de año que establece el Ejecutivo para cuidar a los que están más postergados”, destacó Olmos. 

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Según la funcionaria, “la puerta del convenio bilateral está abierta permanentemente” para que trabajadores y patrones negocien un refuerzo fuera del anuncio. Además, "de tener dificultades la empresa también puede presentarse ante el Estado en el marco del REPRO (Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo)”.

“Hay una obligación que establece el Estado bajo las condiciones que hemos determinado, pero luego están esas dos alternativas", agregó el respecto Olmos.

En diálogo con Antonio Fernández Llorente por la AM 990, la ministra de la cartera de Trabajo marcó que “si el Estado no está presente o no establece algún incentivo para contribuir a la situación de los que están más atrasados desde el punto de vista de los ingresos entonces el Estado es insensible”. Y concluyó: “Siempre en la relación laboral está la condición del acuerdo entre las partes pero hay obligaciones que son del sistema normativo y esta (por el bono) es una”.