El máximo tribunal penal del país cerró el camino para que la Corte Suprema revise qué juez debe intervenir en la causa por presunto espionaje ilegal a opositores y aliados políticos durante el gobierno de Cambiemos.

La Cámara de Casación, por mayoría, declaró “inadmisible” una apelación de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y de otros querellantes, para que el expediente regresara a los tribunales federales de Lomas de Zamora.

La investigación había avanzado allí hasta detectar numerosa prueba sobre seguimientos y actividades de inteligencia supuestamente ilegal sobre personajes políticos, sindicales, eclesiásticos, jueces y movimientos sociales.

Pero en abril pasado, la Cámara de Casación, en un fallo firmado por los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, resolvió quitarle el expediente al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y enviárselo a Comodoro Py 2002, al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi.

Los querellantes, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF) y los abogados Rafael Resnick Brenner y Jorge Chueco (quienes fueron “espiados” mientras estuvieron detenidos por las Causas Ciccone y Lázaro Báez)  apelaron la medida para llegar hasta la Corte.

Pero ahora los mismos jueces Carbajo y Borinsky bloquearon ese camino: “En torno a la doctrina de gravedad institucional, tampoco puede prosperar el remedio procesal articulado, puesto que la pretendida vía no constituye una causal autónoma de procedencia del recurso extraordinario”.

La tercera jueza del tribunal, Ángela Ledesma, votó en disidencia, a favor de enviar el expediente a la Corte para que fuera allí donde se resolviera qué juez debe continuar adelante con la investigación.