La hoja de ruta diplomática se venía cumpliendo sin mayores inconvenientes desde que la administración de Alberto Fernández tomó la decisión, el pasado mes de abril, “de recuperar el vínculo diplomático pleno con Venezuela”.

Las relaciones entre los dos países se habían tornado muy tensas entre 2015 y 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri quien reconoció al presidente interino Juan Guaidó como el legítimo mandatario de Venezuela.

De hecho, su sucesor, Alberto Fernández, cambiando el rumbo adoptado por Cambiemos, ofreció consejos al resto de los gobiernos de la región, “es un paso que estamos dando nosotros y convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos porque Venezuela ha pasado un tiempo difícil”.

El reciente 18 de mayo, el gobierno de Nicolás Maduro, puso a sesionar a la cuestionada Asamblea Nacional chavista y terminó por aprobar a la actual encargada de negocios de la embajada venezolana en Buenos Aires, Stella Marina Lugo de Montilla, como embajadora en Argentina.

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Un anhelo que tenía desde hace tiempo la experimentada política, de 56 años, que fue gobernadora del estado de Falcón por dos períodos y alternó esta función con su esposo Jesús Montilla Aponte.

Montilla Aponte fue gobernador de Falcón por dos periodos consecutivos desde el 2000 hasta el 2008. Mientras que Stella Lugo lo fue entre el 2008 y el 2017. De esta manera, queda expuesto un sistema cercano al nepotismo que tiene varios ejemplos prácticos en la Argentina.

Además, la militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se desempeñó como Jefa de Gobierno del Territorio Insular que administra los archipiélagos de La Orchila, Las Aves y Los Roques, donde suelen vacacionar los personajes más conocidos de la farándula chavista y los nuevos ricos que han prosperado gracias al régimen bolivariano y donde suelen haber tours de turismo con acaudalados dirigentes de Irán que viajan al Caribe para hacer playa pero, también, para cerrar negocios y profundizar relaciones.

Estos antecedentes sirven para explicar la importancia dentro del gobierno chavista, de la nominada embajadora venezolana en Argentina, Stella Marina Lugo de Montilla, que en enero de 2020 se presentó ante la Cancillería que conducía Felipe Sola para anunciarse como la representante de su país ante la República Argentina.

En ese momento, el gobierno rechazó la pretensión de Lugo y le pidió que regrese a su país. Sin embargo, la insistencia de Maduro pudo más y continuó en Buenos Aires como encargada de negocios, hasta que Alberto Fernández decidió relanzar las relaciones diplomáticas entre las dos naciones.

Hecho que podría verse empañado por las derivaciones de la investigación del Juez Federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que está inspeccionando a fondo el avión de origen iraní operado por la firma venezolana EMTRASUR y los antecedentes de cinco iraníes y 14 venezolanos.

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La hoja de ruta fijada por las dos administraciones incluía nombrar un embajador argentino ante el gobierno de Caracas y el diplomático político propuesto por el gobierno, el contador y parlamentario del Mercosur, Oscar Laborde, logró superar en comisión, en el Senado de la Nación, su nominación, el 9 de junio pasado y se aguarda que la votación en el recinto programada para la última semana del mes en curso no genere ningún inconveniente, más allá de las reticencias de varios legisladores de la oposición.

En pleno desconcierto por el vuelo “fantasma” de Emtrasur, Laborde no tuvo mejor idea que responder a una pregunta de la senadora Carolina Losada, acerca de sus planes para la delegación nacional, explicando que “…Argentina debe recomponer los vuelos directos entre ambos países y recuperar la integración regional, incluyendo que Venezuela deje de estar suspendida del Mercosur”.

En ningún momento quedó clara su posición frente a las evidentes violaciones a los derechos humanos registradas en Venezuela por el equipo de investigadores conducidos por la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet.

La senadora Losada leyó un párrafo donde se mostraban las pruebas y volvió a consultar al aspirante a titular de la delegación diplomática nacional acerca de si comprendía que en Venezuela se violan los derechos fundamentales de las personas.

Laborde reconoció esa parte del informe Bachelet pero matizó afirmando que en los últimos tiempos “hubo una evolución y el país atraviesa un proceso de cambio y se observa una tendencia favorable para mejorar esta situación”.

Puede parecer que el nombramiento de Laborde salga sin contratiempos pero ha quedado muy cuestionada la dirigente chavista que debiera recibir el plácet presidencial, en lenguaje diplomático se trata de la aprobación del nombramiento de un representante extranjero, por ser una de las responsables directas del ingreso de la compañía aérea iraní Mahan Air.

Al ser una de las dirigentes más emblemáticas del chavismo, Lugo, también fue ministra de Turismo de Nicolás Maduro y en 2019 fue la funcionaria más activa a la hora de firmar los contratos con la aerolínea persa. La misma que era propietaria del Boeing 747-300 retenido en Ezeiza.

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Venezuela acordó con la empresa iraní a pesar que, desde 2011, está aerolínea está sancionada por los Estados Unidos y por varios países integrantes de la OTAN por dar servicios de logística a grupos considerados terroristas y con capacidad de provocar graves atentados.

El Departamento del Tesoro acusó a Mahan Air de transportar pertrechos militares, equipos, dinero y hasta personal de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama de las Fuerzas Armadas iraníes, fundada después de la Revolución iraní el 22 de abril de 1979 por orden del ayatolá Ruholla Jomeini, y miembros de la Fuerza Quds, su división de elite.

Precisamente, uno de los  investigados en el expediente judicial  por el avión misterioso que sobrevoló el espacio nacional hizo escala en Córdoba y estuvo, en días previos, en la Triple Frontera en Ciudad del Este, podría pertenecer a las Fuerza Quds.

La hoja de ruta diplomática prolijamente diseñada entre el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, la Cancillería nacional y el Instituto Patria que conduce Cristina Fernández, podría verse trastocada por otra hoja de ruta. La del misterioso vuelo de Emtrasur que aún esconde muchos secretos.