La Cámara de Diputados firmó este martes dictamen favorable a la creación de una comisión bicameral de Seguimiento y Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, y en la próxima sesión la iniciativa podría convertirse en ley.

En un plenario de las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda, que conducen los oficialistas Mayda Cresto y Carlos Heller, el dictamen fue respaldado con las firmas del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo.

No obstante, en el debate se dejaron traslucir algunas diferencias ya que desde el kirchnerismo buscan aprovechar el fin de la concesión privada para propiciar un mayor control estatal de la ruta fluvial por la que se transportan grandes volúmenes de carga cada año.

El 30 de abril pasado, el Gobierno prorrogó la actual concesión por un plazo de noventa días, y abrió al Parlamento el debate sobre qué modelo de explotación comercial implementar en ese corredor fluvial, que comparten siete provincias.

En la apertura del debate, Cresto resaltó que la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado apunta a tener un "contralor sobre todo el sistema de navegación troncal" de la hidrovía, por donde se transporta el 80% de las exportaciones nacionales y el 95% de las importaciones.

Por su parte, la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos afirmó que el país se encuentra "ante la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas, el imprescindible control de la ruta fluvial más importante del país".

La legisladora kirchnerista asumió un rol destacado en el debate sobre la Hidrovía luego de organizar "la Proclama del 20 de junio", que incluyó una foto en Zárate frente al río, y que reúne firmas de cerca de 3.000 referentes del Grupo 25 de Mayo, entre los que se destacan Jorge Taiana, Pablo Moyano, Juan Carlos Alderete, Hugo Yasky, Raúl Zaffaroni, José Luis Gioja, Amado Boudou y Claudio Lozano.

En la Proclama, el Grupo 25 de mayo exige el fin de la actual concesión y la recuperación de la administración de la Hidrovía como una "cuestión de defensa de la soberanía".

"Quisiera recordar que la actual concesión, otorgada en plena ola privatizadora, en el marco de la imposición del Consenso de Washington en nuestro país, constituyó un caso testigo de un sistema de privatización del peaje y control del tráfico fluvial, inédito a nivel mundial", apuntó Vallejos.

Señaló además que ninguno de los países con sistemas de transporte fluvial desarrollados, como Estados Unidos, China o Europa "ha adoptado, desde entonces, este tipo de modelo de cesión monopólica a privados, sin control efectivo del Estado".

El diputado radical Atilio Benedetti pidió que para la conformación de la bicameral se priorice a los diputados de origen ribereño, ya que la comisión debe "tener una mirada sobre las inversiones necesarias para el desarrollo integral".

La Bicameral estará integrada por seis senadores y otros seis diputados.

Entre sus funciones, la comisión podrá solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la hidrovía, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales.

Los legisladores de la bicameral estarán facultados a solicitar informes a universidades, entidades empresariales, industriales, del comercio, de la producción agropecuaria y de los trabajadores.

Además podrá citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes y a representantes de los organismos que administran, controlan y ejecutan la licitación de ese curso fluvial.

A su vez, los integrantes de esta comisión podrán realizar informes con propuestas concretas y asesorar sobre su avance, al tiempo que podrán "auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la hidrovía, así como "ejercer el contralor del proceso licitatorio".

Por último, los legisladores deberán elaborar un informe anual que será enviado a ambas Cámaras del Congreso para su publicación, con copia al Poder Ejecutivo Nacional.