Los abogados de los venezolanos e iraníes retenidos desde hace tres meses en la Argentina y los de la empresa venezolana Emtrasur le pidieron hoy a la Cámara Federal de La Plata que levante todas las medidas cautelares y libere la salida del país tanto de los extranjeros cuanto de la aeronave.

El tribunal platense realizó hoy una audiencia presencial en la que incluso estuvieron dos de los tripulantes venezolanos del avión retenido en los hangares del aeropuerto de Ezeiza no sólo por decisión del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena sino también por pedido de la Justicia de Estados Unidos.

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Los abogados de Emtrasur, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, reclamaron a la cámara que “anule la decisión del juez Villena mediante la cual hizo lugar a la ‘solicitud de asistencia internacional’ del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y, consecuentemente, deje sin efecto el secuestro de la aeronave”.

En ese sentido, explicaron que el avión es  “propiedad exclusiva de la firma Emtrasur”,  que “ni siquiera fue notificada para ejercer su defensa”.

El avión venezolano y sus tripulantes venezolanos e iraníes tienen prohibición de salida del país en el marco de una causa en la que ninguno de ellos está imputado por delito alguno, pero continúan bajo investigación para determinar si pudieron haber formado parte de los preparativos de alguna acción “terrorista”.

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Ante los camaristas Roberto Lemos Arias y Carlos Vallefin, los abogados denunciaron que “lejos de una instrucción judicial, el Juez de grado había protagonizado una ilegítima operación de pesca, generando enormes perjuicios económicos”.

“El Juez Federal dictó una medida cautelar sin motivos bajo el ropaje de ‘asistencia internacional’ al solo efecto de aguardar que la Justicia estadounidense, luego de algún tiempo que no se puede determinar, y tal vez, consiga elementos para dictar un fallo en su derecho interno mediante el que se disponga el secuestro de la aeronave en cuestión”, añadió. 

Por su parte, Mariana Barbitta, defensora de la tripulación venezolana, resaltó el contexto geopolítico de la causa e insistió en que se debe “levantar la prohibición de salida del país sobre 11” que ya habían obtenido ese permiso del juez Villena y también sobre el resto, sobre quienes regían una prohibición de abandonar la Argentina.

“Ninguna de las más de 180 pruebas producidas vincula a mis defendidos con la comisión de un delito. (…) Todo esto se debe únicamente a presiones políticas y mediáticas, avasallando las disposiciones legales vigentes en materias cautelares, y los principios constitucionales que rigen el debido proceso en un Estado de derecho”, insistió.

Por su parte, los abogados Roberto Ralllin y Francisco Oneto, quienes representan a los iraníes, remarcaron que “la prueba producida en el expediente demostraba que la actividad de los tripulantes era totalmente normal”.

“Luego de tres meses de instrucción, con más de 150 medidas de prueba producidas y más de 30 cuerpos de expediente, la justicia ni siquiera había podido individualizar las razones por las que se los está investigando, ni hay elementos de prueba que sustenten las medidas restrictivas”, denunciaron.

En la audiencia dos de los venezolanos, Vicente Raga Tenias (uno de los pilotos del avión) y Víctor Pérez Gómez (Gerente de Emtrasur) les narraron a los jueces las penurias que atraviesan en su larga e involuntaria estadía en la Argentina.

Además, estuvieron en la audiencia vía Zoom autoridades de la embajada de Venezuela, el Ministerio de Transporte, y familiares de los imputados.