La Cámara Federal porteña le ordenó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti ampliar el período temporal del estudio de los teléfonos de Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, asesoras del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, en el marco de la investigación por el atentado a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, del pasado 1 de septiembre.

Fue un pedido de los abogados de la Vicepresidenta, querellantes en el caso, puesto que la jueza Capuchetti sólo había ordenado examinar los celulares en lo que hace a la jornada del 30 de agosto pasado, un día antes del atentado, y cuando supuestamente Milman estuvo en un bar frente al Congreso de la Nación y mostró tener conocimiento -según dijo un asesor del Frente de Todos quien declaró como testigo- del hecho que se avecinaba. 

Así, los teléfonos de las dos asesoras de Milman será desde el 1 de julio hasta diciembre pasado y lo que se intenta determinar es si en esa reunión, que existió pero que el diputado niega que se haya hablado de un eventual atentado, se tenía conocimiento de algo que iba a suceder contra la Vicepresidenta. 

"En función de ello, luce razonable que se realice la búsqueda de la información contenida en los aparatos telefónicos secuestrados a Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, la cual habrá de circunscribirse a corroborar o descartar la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo Abello, habría proferido Gerardo Milman en la jornada del 30 de agosto de 2022 y/o cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado”, sostuvieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

"En igual sentido consideramos fundamentada debidamente por la parte -en consideraciones de razonabilidad la ampliación del lapso temporal propuesto, en virtud de lo cual concluiremos que el examen de dicha información debe realizarse entre el 1° de julio y el 1° de diciembre de 2022 -fecha en la que se aportaron los dispositivos en cuestión-; debiendo ser realizado, tal como lo ha sugerido la propia querella, bajo preciso control jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal y con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso”, añadieron.

El juez Mariano Llorens votó en disidencia al considerar que la propia defensa restó valor a la prueba al considerar que las dos testigos pudieron haber borrado el contenido de los teléfonos. 

Por el momento, la Vicepresidenta intenta vincular a la oposición con el atentado tanto en lo que hace al hecho como la financiación puesto que ofreció varias medidas de prueba.