El último detenido por el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, el vendedor de copos de algodón de azúcar Gabriel Carrizo, pidió la nulidad de la utilización de la información obtenida de su teléfono celular, la única prueba de cargo que, por el momento, lo involucra en el ataque.

Carrizo denunció que fue engañado por la jueza María Eugenia Capuchetti para acceder al contenido de su teléfono, pues le pidió la clave cuando declaró como testigo y tenía la obligación de decir la verdad.

Una vez que accedió al contenido del teléfono, la jueza lo convocó supuestamente para devolverle el celular, pero cuando llegó a tribunales le informaron que estaba detenido, justamente a raíz del contenido del aparato.

El abogado de Carrizo, Gastón Marano, le advirtió a la jueza que el contenido del celular “no puede ser utilizado como prueba de cargo, entendiendo que el hecho que haya sido relevado de su obligación de decir verdad compurga cualquier nulidad que pudiera existir respecto a la declaración a prestar”.

Los únicos elementos que vinculan a Carrizo con el ataque a la vicepresidenta son conversaciones de WhatsApp que tenía archivadas en su aparato.

“La admisión como prueba de cargo del contenido del celular que fue obtenido a través del ingreso de la contraseña que el ahora imputado otorgó cuando se encontraba juramentado de decir verdad no implica otra cosa que una autoincriminación”, advirtió Marano.

La garantía contra la autoincriminación es uno de los principios básicos del derecho penal.

“El haberle preguntado sobre el código de desbloqueo de su celular, en esa condición de testigo, no le dejaba alternativa a Carrizo salvo proveerlo. Distinta hubiera sido la situación si esa petición se la hubiera cursado ahora, en condición de imputado, ya que en esa instancia primigenia del 5 de setiembre no pudo permanecer válidamente callado ante la pregunta”, advirtió la defensa.

La fecha es clave para entender lo que ocurrió, puesto que entre el 1 y el 2 de setiembre, cuando fue detenido Fernando Sabag Montiel, el tribunal le pidió la clave de acceso al teléfono y, ante la negativa, intentaron forzarlo, lo que generó el bloqueo y reseteo.

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Tres días después, y acaso para evitar esa situación, le pidieron la clave al “testigo” (esa era la condición por entones de Carrizo) y con esa información lo incriminaron.

Para que la información obtenida del celular de Carrizo sea válida debe existir una posibilidad de llegar a ella por otra vía, lo que técnicamente se conoce como “cauce independiente”.

Pero en este caso eso se dificulta, porque las conversaciones de Carrizo no son con los otros detenidos, es decir que ni Sabag Montiel, ni Brenda Uliarte, ni Agustina Díaz podrían tener en sus teléfonos los mensajes por los que está detenido.

El abogado Marano sostiene que Carrizo fue engañado: “al momento de la entrega del celular existía un estado de sospecha suficiente para que se lo hubiere relevado de la obligación de decir verdad en aquella instancia”.

El propio Carrizo, en la indagatoria del viernes, se quejó por esa situación: “yo vine acá ante todo siendo sincero con las cosas que pasó (sic), les comenté cómo era la situación, sobre el tema del atentado, les entregué el celular como le pidieron, les di la clave y la verdad que después me sentí mal por cuando yo vine acá”.

“Tenían que haber sido sinceros conmigo para decirme que tenía mi celular, para decirme que me iban a llevar detenido. No me hubiese ocultado ni nada, no tenían por qué mentirme”,  reprochó.