La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado procesó como “jefe de una asociación ilícita” al fiscal Claudio Scapolán, a cargo de una fiscalía especializada en narcotráfico, a quien responsabilizó por una organización que integraban otros funcionarios judiciales, abogados y efectivos de fuerzas de seguridad que incautaba ilegalmente cargamentos de drogas y armaba causas para extorsionar a los imputados.

Mediante una resolución de 511 páginas, la jueza le notificó la situación de Scapolán al procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, para que promueva “la acción de remoción contra el juez o integrante del Ministerio Público que haya incurrido en hechos o conductas que den lugar a su enjuiciamiento, en caso de hallar fundamento suficiente”.

Scapolán, quien está suspendido en sus funciones pero sigue siendo fiscal y permanece en libertad gracias a sus fueros, fue además embargado en dos mil millones de pesos y pesa sobre él la prohibición de salida del país. Según la resolución, son diez los hechos que se le imputan al fiscal, todos ocurridos entre 2013 y 2015.

Además de jefe de una asociación ilícita, Scapolán está acusado como “instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La organización se quedaba con las drogas que secuestraba en operativos (la resolución habla de más de 500 kilos de cocaína), coaccionaba a los sospechados por esos hechos, se quedaba con bienes sustraídos en el marco de allanamientos y plantaba pruebas para incriminar a inocentes en causas judiciales.

La metodología para quedarse con la droga consistía en consignar menos cantidad que la efectivamente secuestrada en los procedimientos. En uno de esos casos, pese a que la cantidad secuestrada superaba la tonelada, lo que quedó registrado en las actas fue menos de la mitad.

“A raíz de la pormenorizada valoración que se realizó a lo largo del presente decisorio y el frondoso cuadro cargoso reunido, entiendo que han sido acreditados cuáles fueron los comportamientos concretos que se le achacan al imputado, su rol específico y su aporte”, sintetizó la jueza. La causa ya tiene 15 detenidos y varios prófugos, entre ellos el abogado Gustavo Semorile.