Arrancó hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para modificar el régimen de los decretos de Necesidad y Urgencia, un debate que le interesa a un sector de la oposición que está preocupado por la utilización reiterada de esa herramienta por parte del Gobierno nacional.

La discusión, que tuvo su pistoletazo de largada este miércoles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, no es menor, dado que el régimen que tiene vigencia desde el 2006, cuando se sancionó una ley promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner, hace que solo sea posible dejar sin efecto un decreto con el rechazo de ambas cámaras legislativas.

Hay una única excepción a la regla, que es muy reciente, y tiene que ver con el rechazo al DNU 846 del presidente Javier Milei que inyectó 100 mil millones de pesos adicionales para gastos reservados de la SIDE.

Hay varias propuestas en danza. Una es la que tiene como autor al diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, que establece un plazo de 60 días para que la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (cuya integración de ampliaría de 16 a 24 miembros) dictamine sobre la aprobación, rechazo o modificación de los decretos.

Si vence dicho plazo sin que la bicameral haya emitido dictamen, las cámaras legislativas podrán tratar el decreto de forma expresa dentro de los tres días hábiles.

Pasado este lapso, con todos los plazos vencidos, caducará la vigencia del decreto.

“Discutir y modificar esta ley no es en contra de ningún presidente, es a favor de la República, de las instituciones", explicó Agost Carreño.

En este sentido, señaló que “es importantísimo que reformemos esta ley” porque “sino el próximo Presidente de la Nación va a sacar un DNU donde va a derogar todos los DNU de este gobierno y va a empezar de cero”.

Para el cordobés, “es inadmisible" que en el ordenamiento jurídico y normativo actual "tenga más valor un decreto que una ley”. 

“Pedimos que hayan dos Cámaras para sancionar una ley y con la firma del Poder Ejecutivo ya tenemos una ley funcionando en la misma jerarquía. Eso es tremendamente dañino para la democracia”, consideró.

“Estamos viendo que los capítulos que se cayeron por falta de consenso en la Ley Bases están apareciendo en forma de DNU. Bueno, ¿está bien eso que si se cae algo que no acuerda el Congreso pueda salir por DNU?”, se preguntó el legislador opositor. 

De la misma forma, Agost Carreño se preguntó “cómo puede ser que si el presidente tiene la potestad del veto parcial, el Congreso no tenga en espejo una facultad similar”.

“Ahora vemos también que hay en redes sociales una amenaza de privatizar, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas por DNU si no hay acuerdos, si no hay consenso. Ese tipo de amenazas también nos lleva a pensar: ¿se puede privatizar una aerolínea de bandera por un DNU?”, consultó. 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la UCR propone una iniciativa similar con la diferencia de que extiende el plazo a 90 días en caso de que una de las dos cámaras haya aprobado el decreto, quedando pendiente la resolución del segundo cuerpo.

La Coalición Cívica, también tiene su propio proyecto, que a diferencia de los anteriores, no propone un plazo luego del cual los decretos pierden vigencia, aunque sí coincide con aquellos en el hecho de que basta con el rechazo de una de las dos cámaras para que los DNU queden sin efecto.

Además, también deposita en la voluntad de los legisladores la opción de modificar parcialmente los decretos, suprimiendo partes del texto emitido por el Poder Ejecutivo.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, calificó este debate como el “más interesante” que se dio en el Congreso desde 1994, año de la reforma constitucional.

Aclaró que “no es una ley en contra de Javier Milei" sino que "pensando en los futuros presidentes que le puedan gustar o no a otros”. 

“Entendemos que cualquier oficialismo se va a resistir, pero está la oportunidad de juntar 129 en Diputados y 37 en el Senado”, destacó sobre la ventana de oportunidad que se abrió en la coyuntura para avanzar con la iniciativa.

"Adelantémonos a un posible fallo de la Corte por falta de resolución de la política", finalizó el diputado que responde a Elisa Carrió.

Esta primera reunión informativa tuvo lugar luego del emplazamiento del plenario de comisiones que se votó en la último sesión de la Cámara de Diputados, donde se aprobó un cronograma que seguirá el próximo miércoles a las 17 para recibir a constitucionalistas y finalmente un último encuentro el 30 de octubre con la intención de dictaminar.