El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, confirmaron hoy que en la segunda quincena de agosto comenzará la auditoría al programa “Potenciar Trabajo”.

Se trata del plan social que el Estado delegó en los movimientos sociales, los que ya se preparan para resistir con la guardia alta.

La tarea recaerá en representantes de universidades nacionales que llevarán adelante las encuestas, con una primera experiencia piloto en Tucumán (a cargo de representantes de la UBA y de la UTN). 

Desde los movimientos sociales desconfían, y prueba de ello son las declaraciones que el domingo ofreció el secretario general de la UTEP, Esteban "Gringo" Castro.

"Se pusieron de acuerdo y ahora tenemos nuevo ministro de Economía (Sergio Massa) que parece ser el resultado de una unidad en el Frente de Todos. Pero, por lo que se dijo en la presentación, parece que había mucha felicidad en los muchachos que tienen mucha plata. Que nos vengan a auditar de las universidades, van a terminar militando con nosotros", afirmó desafiante, dejando abierta la puerta a una escalada del conflicto en el corto plazo.

La polémica se reabrió cuando un par de meses atrás la vicepresidenta Cristina Kirchner embistió contra el Movimiento Evita y sugirió reemplazar este tipo de programas sociales por una política de ingreso directa para un universo mayor de personas, sin intermediaciones ni discrecionalidades.

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Con la llegada de Sergio Massa al ampliado ministro de Economía, el Gobierno prometió avanzar con un reordenamiento de los planes sociales, aunque sin dar demasiadas precisiones.

La referencia, de todos modos, puso en alerta a los movimientos sociales que no quieren ser desplazados como intermediarios, ya que las cooperativas de trabajo que organizan les sirve también para fidelizar una base estable de militancia y financiamiento para sus estructuras políticas.

Con un pie en la línea de largada de la auditoría, Manzur quiso llevar tranquilidad al afirmar que la prioridad del Gobierno es "seguir cuidando a los grupos sociales más vulnerables porque, justamente, el Estado está para proteger e incluir".

Con este mar (picado) de fondo, el tucumano recibía esta tarde en la Casa Rosada a referentes del Movimiento Evita, con foco especial en el estratégico Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que dependía de Desarrollo Productivo, y que ahora pasará a la órbita de Jefatura de Gabinete. 

El INAES, donde el Evita pisa fuerte, administra una caja de 2.500 millones de pesos.

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En medio de estos ruidos, que tienen en vilo a los movimientos sociales, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, se reunirá el viernes con intendentes del conurbano del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio para contarles sobre el modo de funcionamiento y la hoja de ruta de las auditorías a los planes sociales. 

Auditorías y traspaso del control a intendencias

Una de las ideas que justamente había deslizado Cristina Kirchner, y que generó urticaria en los referentes sociales, era traspasarles el control de los planes sociales a los jefes comunales, reduciendo así la influencia de los movimientos sociales.

El jefe del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, sospecha que detrás de estas maniobras, que comenzarán con la auditoría, está la mano negra de la vicepresidenta, que se la tiene jurada a la principal organización social del país desde que en 2016 rompió con el bloque del Frente para la Victoria en el Congreso y en 2017 apoyó la candidatura de Florencio Randazzo para restarle votos a la lista de Unidad Ciudadana.

"Vamos a auditar con dos ejes: cuidar al beneficiario y, como Gobierno y Estado, seguir generando y ampliando derechos", destacó hoy Zabaleta, en cuya figura desconfían no solamente las organizaciones izquierdistas de Unidad Piquetera, sino también las oficialistas, porque le atribuyen a él la función de ejecutor del mentado "tijeretazo" sobre los programas Potenciar Trabajo.

El Potenciar Trabajo es un programa de inclusión socio-productiva que otorga a los beneficiarios (generalmente agrupados en cooperativas) una asignación que en agosto ascenderá a 22.770 pesos (y se estudia un refuerzo adicional excepcional de 11.000) a cambio de una contraprestación laboral de 80 horas semanales promedio.

Como requisito, las personas que acceden al programa deben tener los niveles de educación obligatoria completos o estar participando de algún programa oficial de terminalidad educativa.

Se trata de una iniciativa interesante aunque también evidencia el crecimiento preocupante del sector de trabajadores informales en los últimos años.

Para diciembre de 2001, el universo de beneficiarios había crecido a 1.300.000 personas, una cifra que se mantiene relativamente estable hasta la actualidad.