El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi archivó una denuncia de un grupo de diputados opositores contra el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, por su apoyo a la marcha del 1º de febrero pasado contra la Corte Suprema de Justicia.

“Se advierte que las expresiones cuestionadas fueron dirigidas a apoyar una manifestación popular y deben contextualizarse en el marco de un reclamo social, respecto del cual los funcionarios denunciados expusieron su posición ideológica y política”, sostuvo el juez.

De acuerdo con el fallo, el apoyo de Mena y Caamaño a la marcha no constituyó el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público “ni ninguna otra figura penal contemplada” en el Código Penal.

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El fiscal Gerardo Pollicita había pedido la desestimación de la denuncia (formulada por los legisladores Juan Manuel López, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Laura Castets, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto Lago, Mariana Stilman y Mariana Zuvic) por “inexistencia de delito”.

Siguiendo ese razonamiento, el juez Martínez de Giorgi consideró que “los hechos denunciados no reúnen los requisitos para configurar delito, como lo señalan los denunciantes, y tampoco se advierte que dichas conductas pudieran encontrar adecuación típica en alguna otra figura”.

Para el juez, las conductas de Mena y Caamaño “constituyen el legítimo ejercicio de la libertad de expresión, amparado por las garantías constitucionales, sin que el desacuerdo de los denunciantes o de algunos sectores de la sociedad con aquellas tenga aptitud suficiente como para tornarlas típicamente reprimidas”.