ARA San Juan: confirman la sala que resolverá la recusación de un juez por el presunto espionaje a las víctimas
Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani pidieron el apartamiento del camarista Alejandro Slokar.
La Cámara Federal de Casación designó hoy a los jueces Ángela Ledesma, Daniel Petrone y Guillermo Yacobucci para que resuelvan sobre una recusación planteada por el ex presidente Mauricio Macri y los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani contra el magistrado Alejandro Slokar.
Se trata de la causa en la que el ex jefe de Estado y los ex responsables del espionaje vernáculo pidieron el apartamiento de Slokar porque pertenece a la agrupación judicial Justicia Legítima —cercana al kirchnerismo— y porque ya fue apartado de la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio.
En el expediente fue denunciado el presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Macri a familiares de las víctimas mortales del submarino ARA San Juan.
En efecto, Slokar fue apartado hace tres años de la Causa D’Alessio por un planteo de la ex diputada Elisa Carrió, quien se asumió como “imputada” en la investigación contra el falso abogado.
Ahora, Macri, Arribas y Majdalani sostienen que la causa por el presunto espionaje a familiares de los 44 marineros muertos en el ARA San Juan es “conexa” con la de D’Alessio, pese a que siempre desconocieron vínculos de la AFI con el falso abogado.
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Como Slokar fue apartado del expediente de D’Alessio, por esa “conexidad” Macri, Arribas y Majdalani entienden que tampoco debería intervenir en este expediente.
“Hágase saber a las partes que esta Sala ha quedado integrada por Ángela Ledesma, Daniel Petrone y Guillermo Yacobucci para resolver los planteos de recusación formulados respecto de Alejandro Slokar”, sostiene la resolución comunicada hoy por el tribunal.
La decisión final sobre la continuidad o no de Slokar en el expediente debe tomarse en tiempos expeditos para evitar la paralización de la causa.
La Cámara de Casación debe revisar los sobreseimientos de los ex funcionarios públicos dictados por la Cámara Federal porteña, que entendió que las actividades sospechadas de espionaje ilegal no eran tales sino medidas de seguridad en torno al ex presidente Macri.