La Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que posibilitaba que el represor Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, saliera en libertad en noviembre próximo.

La máxima instancia penal del país dejó sin efecto una sentencia del Tribunal Oral Federal número cinco del año 2020 que establecía  que “la condena impuesta (a Acosta)  vencerá el 16 de noviembre de 2022 a las 24, y el registro de la misma caducará a todos sus efectos el 16 de noviembre de 2030”.

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El fallo señalaba, además, que “el condenado podría, en principio, haber accedido al beneficio de la libertad condicional a partir del 16 de noviembre de 2017”. Sin embargo, los jueces de la Casación Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci determinaron una contradicción entre dos leyes aplicables para el cómputo de la condena que no fue adecuadamente tratado por el tribunal.

De esas dos leyes, una sostiene que la libertad puede concederse a partir de los 20 años de condena, en tanto que la otra establece ese plazo temporal en los 35 años. Ello también modifica los plazos considerados para el cumplimiento de la pena aplicada.

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“Teniendo en cuenta que no se ha producido un debate previo sobre los presupuestos establecidos por el Máximo Tribunal con relación al vencimiento de las penas de prisión perpetuas, corresponde remitir el caso al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento, todo ello a efectos de garantizar un adecuado contradictorio entre todas las partes, incluida la querella”, sostuvo el fallo.

El juez Yacobucci, incluso, recordó que “Acosta ya fue juzgado y condenado recientemente por delitos contra la integridad sexual”, por lo que “al momento de ponderarse la pretensión de libertad condicional, deberá analizarse con perspectiva de género, prestando especial atención a … la situación de las mujeres denunciantes -víctimas- al establecer que ellas tienen derecho a requerir medidas de protección para su seguridad y a ser informadas y escuchadas antes de cada decisión que imponga la libertad del procesado o condenado”.