La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) intimó a jueces, fiscales y funcionarios judiciales en condiciones de jubilarse, y así lo hayan requerido, a que "presenten el cese de funciones" para poder efectivizar el pago del haber previsional.

Se trata de "jueces y fiscales que presentaron ellos mismos su pedido de jubilación y no terminaron el trámite", por lo que el organismo previsional "los está intimando a que definan si se quieren jubilar como ellos mismos lo pidieron o retirar la carpeta", confirmaron fuentes oficiales a NA.

En ese sentido, el organismo conducido por Fernanda Raverta solicita a los representantes del Poder Judicial que presenten "el cese de sus funciones" y la "documentación indispensable para hacer efectivo el pago de la jubilación".

Además, ANSES advirtió que si no lo hacen, "el expediente pasará al archivo" del ente previsional.

Todo ello surge de la resolución firmada la semana pasada por Raverta en la que se solicita que aquellos que tienen iniciado un expediente jubilatorio deberán "presentar su renuncia en los próximos 30 días", pero que "si no lo hacen, sus trámites jubilatorios serán archivados".

La resolución aludida establece que "de no acreditarse la presentación de la renuncia se procederá a la revisión integral de las actuaciones, en uso de las facultades conferidas a esta Administración por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, pudiendo ocurrir que no se encontraren observaciones, por lo cual se procederá al archivo de las mismas".

Jueces y fiscales tienen la obligación de comenzar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años para que el trámite sea efectivo cuando presentan la renuncia. En esa situación se encuentran, entre otros, el camarista Martín Irurzun, su colega Leopoldo Bruglia, el fiscal Carlos Stornelli y la jueza con competencia electoral María Romilda Servini.

La iniciativa generó un inmediato rechazo de la ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien difundió un comunicado en el que pidió a "los jueces honestos" que "resistan los atropellos del Poder Ejecutivo", y consideró que "obligar a jubilaciones masivas es el intento de destrucción final de la República".

La resolución establece que, de no haberse presentado la renuncia, Anses revisará el expediente y se reservará la potestad de archivarlo o de tomar las medidas previstas en la ley 24.241, que regula las jubilaciones de jueces y fiscales.

El año pasado, el Gobierno promulgó la modificación de la ley que regula las jubilaciones de los jueces, fiscales y personal del servicio exterior, que elevó el aporte jubilatorio del 12 al 18 por ciento.