El oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados alcanzaron un acuerdo para sancionar una nueva Ley de Alquileres, tras coincidir en que la norma vigente fracasó y debe modificarse.

Juntos por el Cambio había pedido el viernes pasado una sesión especial para el 5 de abril con la finalidad de derogar la ley actual, que fue sancionada en junio de 2020, sin los resultados esperados. 

Sin embargo, el principal interbloque de la oposición no tenía los votos suficientes para lograr la derogación, por lo que aceptó postergar la sesión. 

A cambio, el Frente de Todos se comprometió a constituir y poner en funciones a la comisión de Legislación General -presidida por Cecilia Moreau- para iniciar el tratamiento de la iniciativa el próximo martes 5 de abril, por un plazo de 30 días hábiles.

Según informaron fuentes parlamentarias, durante ese lapso la comisión recibirá a los distintos actores involucrados en la problemática, como organizaciones de inquilinos y cámaras inmobiliarias, para escuchar las propuestas. 

Debido a la urgencia de la problemática que afecta principalmente a inquilinos de todo el país, la presidencia de la Cámara baja resolvió dar un giro único a la comisión de Legislación General, para darle mayor celeridad al tratamiento de la iniciativa.

Juntos por el Cambio avisó que vencido el plazo de 30 días hábiles pactado, y en caso de que no haya dictámenes de la comisión, reimpulsará el pedido de sesión especial para derogar la ley vigente, denominada "Lipovetzky" en alusión al autor de la iniciativa, Daniel Lipovetzky.

En el Frente de Todos no hay una postura unánime sobre cuál es la mejor ley posible. El diputado nacional José Luis Gioja presentó un proyecto con topes en los precios y un impuesto a la vivienda ociosa. Este último punto es rechazada de plano por la oposición, para no perjudicar a los propietarios.

La propuesta del ex presidente del PJ y ex gobernador de San Juan también busca otorgar beneficios tributarios para los propietarios que alquilan sus inmuebles, entre ellos, la
desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales. Incluye a su vez un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad para la gestión pública de alquileres sociales, a precios más bajos que los del mercado.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por su parte, pretendía suspender los dos artículos más conflictivos de la actual ley por un período de 90 días, y en el medio tratar y aprobar una nueva norma. Los dos artículos que más controversia generan tienen que ver con la duración de los contratos por tres años (antes eran dos años), y la actualización anual por el índice ICL que combina inflación y evolución de los salarios.

Este jueves los diputados de Juntos por el Cambio se encontrarán con representantes de inquilinos y del sector inmobiliario para conocer las posturas y los intereses en juego. 

Con amplio consenso interpartidario, la actual Ley de Alquileres recibió su primera media sanción en diputados en noviembre de 2019, cuando aún gobernaba Mauricio Macri, pero terminó siendo convertida en ley en junio de 2020, en los primeros meses de la gestión de Alberto Fernández.

Debido al incremento constante de los precios de los alquileres, y la reducción de la oferta, tanto en el oficialismo como en la oposición admitieron el fracaso de la ley "Lipovetzky", por lo que se comprometieron a impulsar un nuevo marco normativo.