Por Antonio D’Eramo

“Rosario nos necesita”, afirmó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien, ante la violencia extrema desatada entre pandillas o clanes rosarinos por el control del narcomenudeo, decidió enviar un refuerzo de fuerzas federales e imponer la presencia de efectivos del Ejército en la ciudad que se encuentra conmocionada por la ola de violencia que está atravesando.

En su sorpresivo mensaje del martes el primer mandatario explicó que enviará una “compañía de ingenieros del Ejército Argentino que  participará en la urbanización de barrios populares de Rosario”.

Y, agregó, “...las Fuerzas Armadas de nuestra democracia, del mismo modo ejemplar como actuaron en la pandemia e incendios, lo harán ahora con la misma honestidad, destreza y convicción en socorro de una ciudadanía que los necesita", dramatizó para separar el accionar de los actuales efectivos con respecto a los que actuaron durante la última dictadura militar.

Se trata de un paso más en el involucramiento de las Fuerzas Armadas en una lucha cuyo teatro de operaciones vuelve a ser el propio territorio nacional.

Desde luego que los militares argentinos sólo podrán contribuir con sus ingenieros en la reconstrucción de barrios populares, así como el personal de la Fuerza Aérea, sólo asesora a las fuerzas federales en detección, intercepción, e identificación del tráfico aéreo irregular en la zona norte y centro del país.

Existen dos normas que impiden el involucramiento directo de los efectivos militares en la lucha contra el narco que deberían modificarse para que el Ejército Argentino enfrente a los tiros a los narcos como sucede en Brasil o Colombia.

El ministro de Defensa Jorge Taiana lo explicó claramente, “...las leyes de Seguridad Interior y Defensa son específicas sobre las áreas de incumbencia de cada una de ellas y sobre los grados de coordinación que deben existir”.

En la cuestión normativa coincide con la diputada nacional del Frente La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, “...en el Derecho Internacional Humanitario se habilita a las FFAA a intervenir en cuestiones internas de los países únicamente si el grado de violencia alcanza el nivel de un conflicto armado interno, art.3 común de las Convenciones de Ginebra, en cuyo caso las FFAA y los oponentes, tienen las mismas obligaciones y responsabilidades para con la población civil inocente, ajena a las hostilidades. Por tanto, los integrantes de las FFAA pueden tirar a matar, siempre y cuando se trate de una situación de combate, porque el oponente, aunque sea civil, al participar de las hostilidades, pierde las protecciones de las que es titular. Pero si las condiciones no son propias de un conflicto armado interno, como ocurre en Rosario, esa misma acción es un homicidio, aunque el muerto se trate de un integrante de una banda narco”.

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Por lo que para que los militares pudieran intervenir debe existir un marco jurídico adecuado que reconozca un conflicto armado interno y se deberían modificar las dos leyes que impiden el accionar de los uniformados.

Para el analista en seguridad, Jorge Vidal, las medidas anunciadas por el presidente se quedan a mitad de camino en el logro de sus objetivos y se pregunta que ocurriría si “un efectivo de la compañía de ingenieros es herido en un enfrentamiento entre narcos en momentos en que están en un barrio peligroso”.

Alberto Fernández sigue los pasos de Cristina Kirchner

Las mismas dudas que debe tener el propio ministro Taiana por estas horas teniendo en cuenta sus recientes declaraciones desde Brasil. “Las Fuerzas Armadas no están adiestradas para combatir el crimen organizado sino para proteger la soberanía y repeler cualquier agresión militar externa”.

Además, los altos mandos militares no parecen tener la voluntad de enfrentarse a los émulos de Pablo Escobar.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Martín Paleo, negó que los militares puedan contribuir a luchar en la problemática del narcotráfico.

"La seguridad es un problema del Ministerio de Seguridad y de su fuerza, y la ley nos fija claramente que, si bien tenemos algún grado de participación, este es fundamentalmente de apoyo logístico a las fuerzas de Seguridad".

En ese sentido coincide con la doctrina Balza en este tema.

El ex jefe del Estado Mayor del Ejército durante buena parte de la década del ‘90 y veterano de la guerra de las Malvinas, Martín Antonio Balza, sostiene, desde hace años, que el narcotráfico puede corromper y destruir a las instituciones.

“No es nuestra misión. La experiencia me dice que los resultados nunca son buenos, he visto cómo se destruyen fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, que está ligado a otros delitos internacionales: el tráfico de armamento, la trata de personas, el tráfico ilegal de emigrantres, el lavado de dinero. Al narcotráfico hay que atacarlo en amplios frentes, con decisión del poder político y del poder judicial. Hace falta información, inteligencia y contrainteligencia. En eso hay que centrarse y no en la “mula” que pasa por la frontera. Por otro lado, el envío de efectivos militares está contemplado en la Ley de Seguridad Interior, que es de 1991. La ley también dice que esas fuerzas no pueden actuar contra el narco interno”.

Sin embargo, el involucramiento de las FFAA en esta lucha contra el narcotráfico parece ir en aumento.

Y, esto es así, desde que la administración de Cristina Fernández de Kirchner instaurara en el año 2011 el Plan Escudo Norte mediante el Decreto N ª 1091 del Poder Ejecutivo Nacional.

Este plan vigente, desde julio del 2011 hasta diciembre del 2015, mediante prórrogas sistemáticas del Decreto fue un operativo en conjunto entre los ministerios de Seguridad y de Defensa nacionales, con el propósito de aumentar la vigilancia y el control el espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras Noreste y Noroeste frente al ingreso de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes.

Para el Comodoro de la Fuerza Aérea, Gustavo Javier Pons, “...la Fuerza Aérea tiene a su cargo la vigilancia y control del espacio aéreo, se puede situar el comienzo de la participación militar con respecto al control de los vuelos irregulares, a partir del año 1998 con los operativos Vigía I, II, III y los que posteriormente se denominaron Pulqui. Es importante destacar que estos operativos estaban encuadrados dentro de lo legalmente permitido por la normativa vigente. Estos operativos que se desarrollaron en la zona noroeste y centro del país estaban dirigidos a la detección, identificación e intercepción del tránsito aéreo irregular (TAI). A través de ellos, se obtenía información sobre rutas de vuelo, áreas de aterrizaje clandestino y accesos al territorio nacional; todos datos susceptibles de ser utilizados para la confección de estadísticas, así como para su intercambio con países vecinos y acciones cooperativas con la Justicia Federal y las Fuerzas de Seguridad”.

Lo cierto es que en ámbitos castrenses se están analizando las opciones para participar de una manera más activa en la lucha contra el crimen organizado.

El investigador Sergio Gabriel Eissa escribió un paper de investigación donde señala, “ en nuestra legislación está prevista la  colaboración del Sistema de Defensa Nacional con el Sistema de Seguridad Interior. Así, cuando las Fuerzas Armadas -en tanto que ejercen el control del aeroespacio- detectan un tránsito aéreo irregular (TAI), que no constituye una amenaza estatal militar externa (AEME) o una amenaza contra los objetivos de valor estratégico, comunican a la Gendarmería Nacional la presencia de dicha aeronave, y se activa un protocolo para su intercepción. De esta manera, se busca que dicho vuelo abandone nuestro espacio aéreo o se sigue y ubica el lugar de aterrizaje y se informa a las Fuerzas Federales de Seguridad (Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria), responsables primarias de la lucha contra los delitos transnacionales, para que actúen”.

Para avanzar hacia una etapa superior de actuación, Eissa anota que se requiere “que el Congreso de la Nación apruebe una ley de derribo. Si eso sucediera, las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Aérea Argentina, y siguiendo un estricto protocolo, podrían derribar un objeto que vuela de forma irregular y la cuarta opción requeriría la modificación de la Ley 23.554 de Defensa Nacional y la Ley 24.059 de Seguridad Interior, y supondría, como en el caso de México y Colombia, el involucramiento de tropas de combate en un enfrentamiento directo contra los grupos participantes en el negocio ilícito del narcotráfico”.