El presidente Alberto Fernández relevó este sábado del deber de guardar secreto y confidencialidad a varios funcionarios de la gestión de su antecesor, Mauricio Macri, y también a la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, para que puedan prestar declaración en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que fallecieron como consecuencia de la explosión y posterior hundimiento de la embarcación.

A través del Decreto 762/2021, publicado este sábado en el Boletín Oficial, quedaron autorizados a dar detalles vinculados a la Inteligencia el ex ministro de Defensa Oscar Aguad; el ex secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis; al ex jefe de la Custodia Presidencial Alejandro Cecati; el ex titular de la Casa Militar José Luis Yofre; y su sucesor, Alejandro Guglielmi; y el ex ministro de Seguridad bonaerense y actual presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. El jefe de Estado también incluyó en el listado a Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI.

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Alberto Fernández explicó la medida al señalar que el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, "solicitó que se releve del deber de confidencialidad previsto en la Ley Nº 25.520 a siete personas que individualiza en el oficio de requerimiento, en atención a lo solicitado por la defensa del imputado ingeniero Mauricio Macri en su presentación escrita realizada en el marco de la audiencia indagatoria de fecha 3 de noviembre de 2021, y con el fin de evitar dispendios jurisdiccionales y eventuales planteos de las partes".

Asimismo, remarcó que en el expediente en cuestión "se investiga la posible comisión de delitos de acción pública vinculados a actividades de inteligencia prohibidas por la ley, y no a actividades o información que haya sido necesario clasificar en interés de la seguridad interior, la defensa nacional o las relaciones exteriores de la Nación".

"Con el fin de posibilitar la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales, es que corresponde relevar a las personas solicitadas por el juez interviniente del deber de secreto y confidencialidad en los términos de la normativa vigente", agregó el decreto.

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