Poder Ciudadano le solicitó a la Auditoría General de la Nación que establezca "un Plan de Auditoría para el efectivo control de las compras públicas que viene realizando el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia declarada por la pandemia de COVID-19".

Poder Ciudadano realizó "un relevamiento exhaustivo" de las contrataciones realizadas por los organismos nacionales durante la emergencia sanitaria publicadas en los diferentes portales oficiales, "con la finalidad de ejercer un control social efectivo de cada una de ellas y velar de esta manera por la integridad de los fondos públicos afectados, con foco en el refuerzo del acceso, la publicidad e integridad del sistema de compras y contrataciones".

"Más allá de los riesgos propios en materia de transparencia y rendición de cuentas que se observa del análisis de la normativa vigente, uno de los datos más preocupantes es que, a partir de estimaciones efectuadas en función de las contrataciones relevadas, se estima que solo un 20% de las contrataciones públicas relacionadas con el Covid están siendo publicadas", dice la nota enviada a la Auditoría General de la Nación.

"Las discrecionalidades y la inadecuada administración de los fondos públicos destinados a la emergencia pueden generar impactos que se traducen en mayores afectaciones a la sociedad y, por ende, a la salud pública en su conjunto. Por esto resulta esencial que la ciudadanía pueda ejercer de forma efectiva su derecho al control de los actos de gobierno, para exigir transparencia y el adecuado uso de los fondos públicos afectados a las compras y contrataciones durante la emergencia declarada en nuestro país", se afirma desde Poder Ciudadano.

El informe de Poder Ciudadano detalla que de las más de 570 compras públicas, el 70 por ciento corresponden al ministerio que comanda Ginés González García y el 15% a la cartera que comanda Daniel Arroyo y que en un inicio de la pandemia compró productos entre dos y tres veces mayor que el precio de mercado.

Alrededor del 66 por ciento de esas compras se hicieron en forma directa, avaladas por los decretos del Poder Ejecutivo de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Los cuadros marcan que más de la mitad de las compras fueron adjudicadas a ocho empresas.

EL INFORME COMPLETO DE PODER CIUDADANO