Un grupo de ex funcionarios de la Fuerza Aérea Argentina acordó pagar casi 17 millones de pesos para evitar un juicio oral por presunta defraudación en perjuicio de esa institución castrense en contrataciones directas para el Hospital Aeronáutico en 2006.

El Tribunal Oral Federal número uno homologó el “acuerdo de conciliación” suscripto entre los imputados y las autoridades navales para superar la situación judicial.

Los acusados “se comprometieron en forma conjunta a entregar a la Fuerza Aérea Argentina en concepto de reparación por los perjuicios derivados de los hechos aquí investigados, la suma de 16.800.000 pesos”.

Ese monto debe ser depositado o transferido a la cuenta bancaria “perteneciente a dicha fuerza de seguridad, dentro de las 96 horas hábiles de la notificación de la homologación del presente acuerdo”, sostiene la resolución, firmada por los jueces  Adrián Grünberg, Ricardo Basílico y José Antonio Michilini.

Según se desprende del fallo, a los imputados “se les reprochó la intervención que les cupiera en distintos actos vinculados con trece operaciones de contratación directa tramitadas en el año 2006 que, según los informes de auditoría y peritajes realizados, habrían denotado diversas irregularidades”.

La resolución enumera “que situaciones plasmadas en los expedientes no habrían tenido lugar o lo habrían tenido de otra forma, dando así visos de legalidad a procedimientos irregulares que privaron al Hospital Aeronáutico Central de contratar de la mejor manera posible, al aplicarse precios por encima de los de mercado”.

El perjuicio estimado trepó a 767.414,27 pesos, a valores de entonces.

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Los jueces establecieron que “frente a un determinado conflicto pueden encontrarse diversas maneras de abordaje del control social”.

Ante “la existencia de problemáticas que acontecen en la sociedad, el aparato estatal puede actuar con intervenciones de orden compensatorio, terapéutico, educacional, conciliatorio o penal”, añadieron.

Sobre los acusados –entre autores y encubridores- pesaban cargos por “defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con el de falsedad ideológica, cometido en 13 oportunidades”.

El acuerdo de conciliación fue aceptado por la Jefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, a través de su representante, Francisco Alejandro Colombo.

La fiscalía de juicio se había opuesto a la conciliación por la calidad de funcionarios púbicos que revestían los imputados.

Sin embargo, el fallo retrucó que “la condición de funcionarios públicos obrando en ese carácter en el hecho investigado que invocara la Fiscalía General para negar su consentimiento para la homologación del acuerdo de conciliación no puede ser considerada un obstáculo válido”.