Organizaciones de derechos humanos, judiciales, universitarias y sociales le pidieron hoy al presidente, Alberto Fernández, la intervención federal de la provincia de Jujuy ante la sanción de una reforma constitucional que consideran violatoria de la Carta Magna nacional.

“En resguardo del orden constitucional y la vida democrática es que le reclamamos la iniciativa, como Poder Ejecutivo Nacional, de impulsar la intervención federal, a los tres poderes de la Provincia de Jujuy, conforme lo establece la Constitución Nacional”, sostiene la carta abierta.

“La intervención Federal es el remedio institucional, materia de competencia del Poder Legislativo, que ya tiene radicados proyectos en ese sentido. Pero el Presidente de la Nación tiene facultades propias como co-legislador para elevar proyectos al Congreso Nacional, y eso es precisamente lo que venimos a reclamarle”, añade el texto.

El documento fue firmado por Cristina Caamaño, presidenta de Justicia Legítima; Eduardo Barcesat, docente de la UBA y Constituyente en 1994; Iris Avellaneda, titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Claudia Rocca, por la Asociación Americana de Juristas;  Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General CTA-A; José Schulman, por la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el sacerdote Francisco “Paco” Olveira Fuster, por el grupo de Curas en Opción por los Pobres, entre otras personalidades.

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“De ninguna manera permaneceremos callados cuando están en juego esos valores de la vida y la libertad tutelados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”, advirtió la nota.

Los episodios en Jujuy –agrega el documento- “sitúan a la Argentina en una deleznable situación de retroceso institucional, justamente cuando estamos cumpliendo 40 años de vida democrática sellada por una expresión de nuestro pueblo: NUNCA MÁS”.

La carta abierta cuestiona que la Convención Constituyente de Jujuy “no puede ser convertida en una actividad refrendataria de un texto diseñado desde el poder hegemónico de esa Provincia de Jujuy, con episodios delirantes como el de modificarla una vez juramentada”.

“La pretensa reforma constitucional hiere el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, tanto en lo que atañe a la custodia de los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física y psíquica de sus habitantes, como al debido proceso judiciario, el ejercicio de la abogacía, la custodia como bienes del dominio público de las riquezas y recursos naturales existentes en el territorio provincial”, subrayó el texto.