Con la pandemia como tela de fondo, diez gobernadores del Norte Grande habían apostado fuerte a la suspensión de las PASO, y por un periodo pensaron que el reclamo iba a ser apropiado por el Gobierno, que se iba a encargar de reunir las mayorías necesarias en el Congreso para aprobar la reforma. Pero esos espejismos se esfumaron rápidamente cuando empezaron a acumularse voces en contra.

Sectores de Juntos por el Cambio empezaron a expresarse por el rechazo, e internamente La Cámpora les hizo saber que no estaban de acuerdo con la medida por las dificultades políticas y operativas para instrumentar esa medida en la provincia de Buenos Aires. Además, la organización liderada por Máximo Kirchner impulsa las internas municipales para tratar de desbancar liderazgos históricos de caudillos peronistas, y así ayudar a un proceso de depuración y "trasvasamiento generacional".

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien a fines del año pasado se había convertido en una suerte de interlocutor privilegiado sensible al pedido de este grupo de mandatarios provinciales, les soltó la mano.

El Gobierno también. En una reunión en La Rioja, el presidente Alberto Fernández los invitó a juntar los votos para aprobar la reforma de supresión de las PASO. Una forma decorosa de decir que el Gobierno no le pondría el cuerpo a una causa que en ese entonces ya consideraban perdida de antemano, por la trama de intereses en contra.

A poco más de un mes del inicio del calendario electoral, la pretensión del grupo de gobernadores (ocho peronistas y dos radicales) parece una quimera. Este martes, la Cámara Nacional Electoral oficializó el calendario electoral, que comenzará el 27 de abril con el cierre de los padrones provisorio, de cara a las elecciones PASO que, de no mediar cambios legislativos, se realizarán el 8 de agosto.

"Lo de la Cámara electoral es más un dato de color. No cambia nada. Pero en abril ya empiezan las alianzas electorales. No le veo tiempo, ni futuro", señalaron a NA altas fuentes de la Casa Rosada sobre el proyecto de suspender o postergar las PASO.

"No veo ningún signo de que se vaya a discutir", insistieron, al tiempo que revelaron que este 25 de septiembre se abre la licitación para la contratación del servicio de recuento provisorio, dato que ilustra el escaso margen de maniobra que queda para producir un cambio en el cronograma electoral.

Alberto Fernández volvió a argumentar en un reportaje televisivo reciente que no le parecía una mala idea suspender las PASO por única vez teniendo en cuenta que en agosto el país podría estar atravesando una dura segunda ola de contagios.

"Con lo que cuestan las PASO pago las vacunas rusas que tengo que pagar", subrayó el jefe de Estado. Sin embargo, esa declaración fue más una expresión de deseo que un indicio real de que el Gobierno se pondrá al hombro la reforma para suspender las PASO.

De hecho, la siguiente frase lo colocó en la vereda de la neutralidad. Dijo que le "da lo mismo" si las PASO se realizan o no. "Es igual porque sé cómo nos va, muy bien", acotó, confiado, aunque sus colaboradores piensan que retrasar las PASO o eliminarlas le daría una mayor ventana de tiempo al Gobierno para mostrarle a los electores los avances en el plan de vacunación.

Casi resignados, los gobernadores todavía murmuran que hasta mayo se puede alcanzar un marco de consenso amplio. Nadie en el ambiente político cree seriamente que a esta altura de los acontecimientos ello pueda ocurrir.

Tienen algunos argumentos a su favor. Por ejemplo, señalan que en ninguna de esas provincias se necesitarán las PASO para resolver las internas partidarias. El enfoque sanitario es el que más peso tiene: en agosto es esperable que el país esté sumergido en una segunda ola de contagios que haga desaconsejable que millones de personas acudan el mismo día a las urnas.

A contramano de lo que sucede en esas provincias, para que las PASO se suspendan en la provincia de Buenos Aires debería modificarse la ley 14.086. Es decir que para eliminar o
postergar las PASO en las categorías de diputados, senadores, intendentes y concejales, Kicillof debería modificar la ley electoral de la provincia. El principal obstáculo es que en el
Senado provincial Juntos por el Cambio tiene 26 de las 46 bancas de la Cámara alta. De no poder suspender las PASO provinciales, carecería de cualquier sentido eliminar las PASO nacionales, dado que el objetivo de evitar aglomeraciones de gente en los centros de votación estaría perdido.

Kicillof, que en el mapa de la alianza gobernante expresa al kirchnerismo puro, viene eludiendo el tema cada vez que fue consultado, aunque algunos de sus dichos permiten suponer que estaría en contra de suspender las primarias.

Frente a este panorama incierto, algunos gobernadores desdoblarán sus propias elecciones provinciales, y de hecho el salteño Gustavo Sáenz -quien fluctúa entre posiciones
oficialistas y opositoras al igual que Juan Schiaretti- fue pionero y ya avanzó en esa dirección al establecer el 4 de julio como fecha de comicios, sin PASO. También el misionero Oscar Herrera Ahuad le puso fecha a los comicios: 6 de julio.