El escándalo conocido como “Yategate”, que involucra al exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, Sofía Clerici y Jesica Cirio captó la atención pública en medio de la campaña presidencial. Las imágenes del político navegando en un lujoso yate por el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici siguen impactando y ahora se debate en los estrados judiciales.

La investigación judicial inició tras la publicación de las imágenes en Instagram, lo que llevó a la fiscalía a indagar sobre un presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por parte de Insaurralde. Según las acusaciones del fiscal federal Sergio Mola y del equipo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), encabezado por Diego Velasco, el patrimonio del exfuncionario no se condice con los ingresos declarados durante su extensa carrera en el sector público.

Entre los hallazgos más destacados se encuentran:




La suma de dinero no justificada entre 2009 y 2023 asciende a $10,000,000, según los cálculos de los fiscales.

Los protagonistas

Como figura central del caso, el exintendente peronista ha justificado su patrimonio señalando que parte de sus ingresos provienen de trabajos de asesoramiento a empresas privadas y, en gran medida, de los ingresos de su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio.

Insaurralde presentó pruebas de que Cirio le entregó USD 250,000 y $2,000,000 en 2023 para solventar gastos. Además, incluyó facturas a nombre de Cirio relacionadas con refacciones de su casa en San Vicente, lo que considera evidencia de que los gastos corresponden a una sociedad conyugal.

La modelo fue quien, involuntariamente, desató la polémica al publicar imágenes de un viaje en yate con Insaurralde en el Mediterráneo. La fiscalía sospecha que Clerici podría haber participado en maniobras vinculadas al lavado de dinero.

Otros investigados: Además de Cirio y Clerici, se encuentran bajo la lupa el sobrino de Insaurralde, Gastón Barrachina, y otros presuntos testaferros que habrían facilitado la adquisición de bienes.

Defensa de Insaurralde

En su descargo ante el juez federal Ernesto Kreplak, Insaurralde presentó un documento de 10 carillas y más de 500 fojas, incluyendo:




El exfuncionario sostuvo que su patrimonio está relacionado con ingresos legítimos, tanto los obtenidos por su actividad profesional como los provenientes de su exesposa. Además, criticó al fiscal Mola por realizar un análisis “deliberadamente sesgado” y por omitir los ingresos de su sociedad conyugal.

Entre las empresas mencionadas en la defensa de Insaurralde figuran:


• Coordinar Salud SRL: Una firma de salud a la que habría facturado $1,500,000 mensuales por asesoramientos en temas económicos y políticos.
• Organización Cinco S.A.: Una empresa creada en 2023, a la que también brindó servicios por $1,000,000 mensuales.

Sin embargo, ambas empresas tienen características que generan sospechas: Coordinar Salud fue fundada por enfermeras, una de las cuales falleció en 2022, mientras que Organización Cinco tiene como directivos a personas de perfil bajo que no parecen sustentar operaciones de esa magnitud.

Cómo sigue el caso

La investigación judicial está en una etapa inicial, pero se prevé que avance hacia un análisis más profundo de la posible participación de Jésica Cirio y Sofía Clerici en maniobras vinculadas al lavado de dinero. Además, se espera un peritaje contable solicitado por Insaurralde, que será realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.

Por su parte, el fiscal Sergio Mola continúa reuniendo pruebas que refuercen la hipótesis de que Insaurralde se enriqueció ilícitamente mediante actos de corrupción durante sus años como funcionario público.

El caso “Yategate” expone una vez más el delicado equilibrio entre la política, el poder y la justicia en Argentina. Mientras Martín Insaurralde intenta justificar su fortuna con documentos y argumentos sobre ingresos legítimos, la fiscalía avanza en su tarea de desentrañar una red de operaciones que, según sus acusaciones, tiene como fin ocultar el origen ilícito de los bienes. El desenlace de esta causa será un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el país.