El INADI era un organismo descentralizado, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que tenía por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo.

En ese marco, una de sus principales tareas era impulsar y llevar a cabo políticas públicas federales y transversales, orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria.

Entre sus principales objetivos de trabajo, actúa como organismo de aplicación de la ley 23.592 de Actos Discriminatorios, velando por su cumplimiento y la consecución de sus objetivos "a través del análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de informes y propuestas con respecto a dichos temas".

Además, el INADI tenía la función de recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas, y lleva un registro de ellas a nivel nacional. También brinda un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo.

También debía proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico especializado en los asuntos relativos a la temática de su competencia.

El organismo fue creado en 1995 por el ex presidente Carlos Menem, tras la sanción de la Ley 24.515, y comenzó a funcionar dos años después, en 1997. En aquel entonces, el periodista Víctor Ramos fue el encargado de dirigirlo.

Posteriormente, entre sus titulares estuvieron Claudio Morgado, María José Lubertino, Javier Buján y Victoria Donda.

Contaba actualmente con 43 delegaciones en todo el país y venía administrando $1.150.770.524, según el Presupuesto 2023.

En octubre de 2022, meses antes de ser precandidato presidencial y durante una entrevista televisiva, Javier Milei había anticipado su idea de cerrar el INADI.