Por Natalia Sánchez Jáuregui.

Ante los múltiples problemas ocasionados por la pandemia iniciada meses atrás, desde el Partido Fe estamos colaborando con autoridades de todo el país, respetuosos del lugar que a cada uno asignara oportunamente la ciudadanía.

En particular, hemos buscado armonizar los intereses del mundo del trabajo rural (representado en mas de 150 actividades) con las necesidades actuales, puestas de manifiesto en los distintos protocolos vigentes.

Todas estas actividades encuentran su cauce natural en el gremio que dio origen a nuestro partido hace más de una década: la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE); limitándonos, por nuestra parte, a consensuar, dinamizar y eventualmente legislar, en torno a la necesaria adaptación del trabajo y la producción a la excepcionalidad que atravesamos.

En este orden de ideas, el desvelo del Secretario General del Gremio, Ramón Ayala y de quienes conformamos su equipo, es la salud de todos los trabajadores y sus familias.

Por ello, renovamos nuestro compromiso en la búsqueda de alternativas que puedan ayudar a quienes ejercen responsabilidades ejecutivas en medio de esta pandemia.

En particular, desde mi función, trabajo junto a mis compañeros y a muchos Intendentes como los de Necochea y San Pedro, colaborando en la implementación de medidas que combatan o controlen la propagación del coronavirus entre nuestra gente.

Es entonces cuando comienzo a percibir un "vacío" o cuestión no tratada por los protocolos vigentes: cual es la necesidad de testear a todos los compañeros de un trabajador a quien se le diagnostique COVID-19.

Actualmente, ante la aparición de un caso, no se realizan testeos a todos los trabajadores de la empresa en cuestión, sino que se aísla a los contactos estrechos y se cierne sobre aquella la posibilidad del cierre o paralización de actividades.

Esta medida extrema, deja sin atender a los trabajadores que estuvieron laborando con la persona infectada. Asimismo, la clausura del establecimiento o paralización de actividades, podría no ser necesaria si las pruebas a efectuarse entre su personal, resultaran ulteriormente negativas.

De seguirse nuestro criterio, podría eventualmente continuar el ciclo productivo del establecimiento de que se trate, aún en circunstancias extraordinarias, a condición de realizarse testeos a todos los trabajadores (con su resultado negativo) y las tareas de aireación y desinfección que los Protocolos indiquen.

Nuestra iniciativa no es otra cosa que la materialización de un reclamo que muchos trabajadores nos acercaron en estos días.

En suma, concluimos que el testeo por empresa o establecimiento ayudaría a prevenir, controlar y mejorar las proyecciones del avance del COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires.

Con esa convicción, decidimos acercar la idea a las autoridades provinciales.

Si se detecta la enfermedad antes, esto también podría beneficiar la contención temprana y una mejor geolocalización de la misma, todo lo cual debería acompañarse con una eficaz trazabilidad, conforme ha quedado ya ampliamente demostrado.

En síntesis, nuestra propuesta busca aplicar una lógica nacida del trabajo y la observación: son los operarios de toda empresa, los primeros interesados en mantener las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad de que se trate, atento que podrían resultar también, los primeros perjudicados por su cierre.

Procuremos entonces modificar los protocolos vigentes, con el objeto de proteger la salud física y psíquica de los trabajadores y sus familias; contribuyendo asimismo a otorgar algo de certidumbre y previsibilidad en medio de esta larga noche que precede al ansiado día en que hayamos superado la pandemia.

Por Natalia Sánchez Jáuregui, diputada Provincial (Partido Fe).