Por Lucio Di Matteo

Tras el anuncio de intervención y estatización de Vicentin, contrarrestado por la movida de opinión pública en contrario (que atribuyen a un lobista cercano al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti), el Gobierno Nacional decidió que la solución del problema -si es que existe- quede a cargo de la empresa y el juez de su concurso preventivo. Para ello, el magistrado de Reconquista, Fabián Lorenzini, designó tres veedores, el último de ellos a mediados de septiembre.

La designación de veedores fue la medida que tomó el juez civil y comercial en junio pasado para equilibrar el poder que irían a tener el interventor y subinterventor estatales, Gabriel Delgado y Luciano Saric respectivamente. Con la salida del Estado Nacional y del provincial santafesino de la escena, el destino de Vicentin recae en la mano de Andrés Shocron y José Luis López Forastier, propuestos por los acreedores externos de la empresa, junto Sergio Arelovich, que representa a la Federación de Trabajadores Aceiteros.

El problema, además de las dificultades objetivas de la empresa (paralización operativa, pago atrasado de salarios, entre otras), es que dos de esos tres veedores, cuasi-interventores, son duramente cuestionados desde distintos sectores ligados al concurso preventivo. Arelovich genera resistencias en el management sobreviviente de Vicentin.

“Tiene una mirada más ideológica que práctica, con un enfoque de izquierda. Parece sentirse más cómodo en una hipotética desaparición de la empresa, que en su recuperación”, le confió a NA una fuente cercana a los directivos. “Es un fundamentalista de izquierda, la empresa lo recusó; pero no hay caso”, agregó la misma fuente, con gesto de resignación.

Andrés Shocron y los cuestionamientos a su pasado

Si Arelovich es cuestionado por parte de la empresa, Shocron despierta desconfianza en acreedores y dentro del Gobierno Nacional. Este contador público trabajó en Bunge, otra de las grandes exportadores de cereales, que además tiene peso en el mercado del biodiesel. Desde allí forjó una muy buena relación con los dueños de Vicentin, pues Bunge es dueña de la terminal portuaria 6 de Rosario, donde operaba la empresa ahora en problemas antes de tener muelle propio.

Uno de sus roles era comprarle biodiesel a Vicentin, que luego Bunge exportaba. Nadie brinda una información oficial, pero Shocron renunció a Bunge sin llevarse nada, cuando lo habitual es que los directivos se retiren de su empresa con una indemnización. Algunos empleados (pasados y actuales) de Bunge recuerdan discrepancias con respecto al biodiesel pagado y el efectivamente recibido por Bunge.

Por otra parte, también señalan la buena relación de Shocron con Federico Pucciarello, un ex rugbier que fundó Albardon Bio, una productora de biodiesel destinada al mercado interno. Este empresario era competidor de Bunge, pero Shocron habría dado un trato privilegiado.

Por otra parte, fuentes ligadas al Gobierno Nacional apuntan que Shocron siempre fue muy cercano a Vicentin como para ahora representar el interés de los acreedores. “Ubicar a Shocron ahí es como poner al zorro a cuidar el gallinero. Si lo que se busca es defender el interés de los acreedores, su designación es incongruente”, apunta uno de los principales ideólogos del frustrado proceso de estatización.