El pago de los salarios de junio y el medio aguinaldo de los empleados públicos provinciales se verá complicado por la importante caída en términos reales de las transferencias por Coparticipación Federal, lo que motivó en algunos casos la gestión de préstamos de emergencia por parte del Estado nacional.

En la primera quincena de junio, los recursos girados a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires en concepto de Coparticipación alcanzaron a $57.044,3 millones, un 11,8% más que en el mismo período del año pasado, lo que representa una caída en términos reales del 21,5%, considerando para el mismo lapso una inflación del 42,4%, de acuerdo con la consultora Economía & Regiones.

La caída real se produjo a pesar de que la masa de recursos coparticipables aumentó este año 3 puntos porcentuales respecto de los niveles de 2019, en cumplimiento del reintegro gradual de los fondos detraídos para financiar al sistema previsional entre 1992 y 2015.

Si se tiene en cuenta que, salvo la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, el resto del país depende más de los recursos transferidos desde la Nación que de los impositivos generados por los propios estados del interior, la merma de ingresos podría generar complicaciones en el normal funcionamiento de la administración pública en la mayoría de los casos.

La situación cobra una importancia adicional en una época del año en la que el gasto público es mayor al del resto de los meses, por el pago de la primera cuota del aguinaldo tanto a los empleados públicos como, en el caso de las provincias que no transfirieron sus cajas, a los jubilados y pensionados.

El Estado nacional no es ajeno a esta situación y resolvió decretar el pago escalonado del aguinaldo para los empleados que perciban sueldos brutos superiores a los $80.000, sin que se conozca hasta el momento si alguno de los 24 distritos tomará una medida similar.

Por lo pronto, las administraciones de Córdoba, Santa Fe, Misiones y Santa Cruz recurrieron a préstamos del Estado nacional que, si bien cuentan con una tasa preferencial del 0,10%, implica el pago de intereses a diferencia de las transferencias habituales y automáticas de los recursos de Coparticipación.

El aumento nominal interanual del 11,8% no se distribuyó en forma homogénea entre todos los distritos, debido a una serie de modificaciones en el reparto de recursos que tuvieron lugar en los últimos años.

En primer lugar, en noviembre de 2015 un fallo de la Corte Suprema de Justicia dispuso que el reintegro inmediato a Córdoba, San Luis y Santa Fe del 15% de los recursos coparticipables retenidos para financiar a la ANSES.

Ese porcentaje también fue restituido al resto de los distritos, pero de manera gradual a razón de 3 puntos porcentuales por año, por lo que la base de comparación es mayor en las tres provincias favorecidas por la sentencia de la Corte.

Por tal razón, los incrementos fueron del 9% para Santa Fe, 8,9% para Córdoba y 8,8% para San Luis, ya que en este último caso, además, no cuenta con los bonos de compensación por no haber adherido al Consenso Fiscal de 2017.

Buenos Aires fue la provincia más beneficiada, al recibir un aumento del 13,2%, por la compensación que recibió en el mismo acuerdo de tres años atrás.

Por el contrario, su vecina CABA se anotó entre las más perjudicadas, con un aumento del 10,8%, ya que sus recursos no se toman de la masa coparticipable del conjunto de provincias sino de un apartado de los nacionales, ya que obtuvo su autonomía (1996) ocho años después de la sanción de la ley de Coparticipación (1988).