Por Carmela Moreau.

Hace unos días se intervino la empresa Vicentin y explotaron una serie de preocupaciones que parecen quitar el sueño a la oposición: que si es constitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia, que esta medida tiene un carácter acusadamente socialista y que atenta contra la seguridad jurídica de nuestro país y las posibles inversiones, que no es plausible sostener que porque una empresa atraviese dificultades sea necesaria la intervención estatal, entre otras muchas.

Seguramente estas preocupaciones, junto con algunas otras silenciadas, deban ser atendidas, pero en orden. En primer lugar, es necesario ubicar la importancia estratégica que tiene una empresa como Vicentin, una de las principales empresas agroindustriales del país, y la más importante de capitales nacionales, cuya función resulta sustancial para el buen funcionamiento de nuestra economía, no solo en términos de comercio exterior, sino también por su capacidad productiva y su importancia fundamental para alcanzar un objetivo clave de cualquier país desarrollado como es la soberanía alimentaria.

Recordemos que, lejos de las críticas furibundas e infundadas que se escucharon en estos días sobre el concepto de soberanía alimentaria, en realidad este es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como un derecho fundamental que debe ser promovido y cumplido por los estados nacionales; citando el informe anual del 2002 “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo” se sostiene que “El Estado tiene la obligación de asegurar, por lo menos, que las personas no mueran de hambre [...] los Estados deberían hacer todo lo posible por promover un disfrute pleno del derecho de todos a tener alimentos adecuados en su territorio, en otras palabras, las personas deberían tener acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas para llevar una vida saludable y activa”.

En segundo lugar, es inevitable resaltar los fundamentos de la intervención: la situación financiera y judicial en la que se encontraba Vicentin desde fines del año pasado. La empresa estaba en concurso preventivo y peligrosamente endeudada, al punto en que estaban en grave peligro la continuidad de las operaciones de la firma; hubiera sido irresponsable que el Estado Nacional permitiera el curso de los acontecimientos guiados por la lógica del mercado que terminarían con esta firma siendo rifada a un precio bajísimo y quedando en manos de capitales internacionales. La deuda total, local e internacional, alcanzó los $63.961.563.645,69; siendo sus principales acreedores locales el Banco Nación, el Provincia, el Ciudad de Buenos Aires, Macro e Itaú. A estos montos multimillonarios hay que sumarle las deudas comerciales por adquisición de granos por $26.657 millones, e impositivas y aduaneras por $9.549.998.272,61. Después de ver estos números la duda que nos queda es, ¿es este modelo de endeudamiento y bancarrota el que defiende la oposición?

Además, como si fuera poco, Vicentin se encontraba siendo investigada por fraudulentas relaciones financieras con las autoridades del Banco Nación durante el mandato de Macri. Es decir, la incertidumbre, que tanto preocupa a la oposición, era moneda corriente en la vida de esta empresa antes de su intervención. Endeudada, cerca de la quiebra y judicialmente comprometida, Vicentin fue intervenida con la esperanza de poder regularizar su situación, llevar tranquilidad al mercado agroindustrial y evitar perder en manos de capitales extranjeros un recurso fundamental de nuestra economía.

En tercer lugar, y lo más importante, no debe perderse de vista el contexto en el cual la intervención se ha llevado a cabo. La crisis sanitaria y, consecuentemente, económica que atravesamos no nos permite dar un paso en falso. La quiebra de Vicentin hubiera puesto en peligro más de 5000 puestos de trabajo en una economía casi paralizada, sin capacidad de absorción de la población económicamente activa y con índices de desempleo en alarmante aumento.

Recién ordenados estos factores podemos empezar a cuestionar y discutir las preocupaciones de la oposición. No podemos anteponer un concepto abstracto como la seguridad jurídica a la vida de miles de familias; no podemos anteponer discusiones vanas sobre los rasgos presuntamente socialistas de una política a garantizar la comida para nuestro mercado interno en un contexto de crisis global. Pero bueno, como todos sabemos: cada uno tiene sus prioridades.

Carmela Moreau, asesora de Jefatura de Gabinete de Ministros.