Por Carlos Heller.

En la crisis de la empresa Vicentin, los productores son una de las grandes víctimas: se han quedado sin su producción y sin los ingresos provenientes de ésta.

Seguramente por eso, una parte de ellos ha comenzado a señalar la necesidad de encontrar una salida para que la empresa siga de pie y se haga cargo de sus deudas.

"Acá no estamos hablando de una fábrica de sombreros. Vicentin es una de las empresas más importantes del agro argentino, que tiene una altísima productividad y cuenta con los mejores productores del mundo. No puede ser que en nuestro país una empresa vinculada a la exportación de granos y alimentos se funda. Es imposible. Y encima en este momento global, en donde la demanda de alimentos está asegurada. Los dueños de Vicentin chocaron la calesita. Hay que investigar, pero además como sociedad no podemos darnos el lujo de que esta empresa cierre", dijo Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba.

El dirigente se preguntó: "¿Cómo nos vamos a pronunciar en favor de la dirección de una empresa que está haciendo tanto daño a los productores? Es como que en 2001 hubiéramos salido a manifestar en favor de los bancos".

Y concluyó: "Tenemos que dar la discusión para que la empresa siga de pie, tiene que producir y comercializar".

La semana pasada el juez del concurso anuló la intervención decidida por el gobierno nacional, repuso a sus antiguos dueños al frente de la empresa y les dio a los interventores el carácter de veedores-controladores.

En ese escenario, tomó fuerza la propuesta del gobernador Omar Perotti, quien, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, hizo la presentación ante el juez proponiendo suplantar a los antiguos dueños en la conducción por una nueva intervención tripartita.

En ese escrito, se acepta la presencia de los interventores propuestos por el Poder Ejecutivo, especifica que la comisión interventora será presidida por Gabriel Delgado, uno de los designados por el Poder Ejecutivo, y agrega un tercer miembro a nombrar por el gobierno de la provincia.

Esa conducción de tres, de aprobarse la propuesta, tendría facultades para buscar alternativas en el camino de normalizar la empresa.

Dice la IGPJ de Santa Fe al referirse al Grupo Vicentin: "Es claro que no están a la altura de las circunstancias para este cometido. Son quienes la condujeron durante el tiempo en que llegó al estado de cesación de pagos que motivó la apertura del concurso y que afecta el interés público. A ello cabe agregar que la sociedad se encuentra sospechada de haber cometido delitos durante su gestión. Y también varios de ellos están siendo investigados".

El Gobierno mantiene el objetivo de recuperar Vicentin y de transformarla en una empresa testigo. Como venimos proponiendo, podría configurarse como una sociedad mixta compuesta por el Estado, los productores, los trabajadores y los distintos sectores interesados.

Es decir: se trataría de una empresa pública que, al incorporar actores diversos que representan también intereses diversos, contribuya a que cumpla más eficazmente con sus objetivos.

En el caso que el juez diga que no, seguramente el gobierno de Santa Fe presentará apelaciones en las distintas instancias judiciales y, si nada de eso funcionara, voceros del gobierno nacional han expresado que se mantiene la opción de la expropiación.

Porque el objetivo inmodificable es la recuperación de la empresa y la salvaguarda de los intereses de los sectores afectados.

Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del Partido Solidario.